Crímenes contra políticos, lejos de resolverse, afirma la CNDH El Siglo de Torreón
Los crímenes perpetrados contra los aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos están lejos de resolverse como producto del débil Estado de Derecho que se tiene en el país, afirmó el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Durante la presentación del informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez enfatizó en que el incumplimiento o aplicación discrecional de la ley ha sido derivado de que las autoridades han sido rebasadas.
"La gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de Derecho débil, donde existe una amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley generando un contexto donde algunas instituciones de la República y las autoridades han sido rebasadas, sus estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite", afirmó.
"El proceso electoral no ha estado exento de violencia e impunidad, como lo ha evidenciado la serie de homicidios perpetuados en contra de aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos, los cuales, en su gran mayoría están lejos de resolverse, así como la violencia y amenazas que se ejercen y expresan a través de las redes sociales".
Durante la sesión solemne realizada por el Máximo Tribunal, el ómbudsman nacional afirmó que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido "como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional".
Agregó que durante 2017 la CNDH detectó 34 reformas legislativas, principalmente de nivel local, que vulneraban derechos humanos y que fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad de las cuales 25 están en trámite y 9 ya fueron resueltas.
"Entre diciembre de 2014 y 2017, esta Comisión Nacional ha promovido un total de 94 acciones de este tipo, con lo cual se ha superado en casi un 300% el número total de acciones que se habían intentado desde 2006, año en el que se le concedió dicha atribución", agregó.
De acuerdo con el titular de la CNDH, las leyes impugnadas violentaban principalmente el derecho a la identidad de las personas; establecían regulaciones indebidas en los delitos de desaparición forzada; tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de expresión; los límites de la prisión preventiva oficiosa; los derechos de las personas con discapacidad, entre otros.
En el evento estuvieron presentes los integrantes del Pleno de la Corte; la senadora Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado; el panista, Diego Fernández de Cevallos; la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez y los visitadores que integran la CNDH.
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