Mensaje del ombudsman oaxaqueño Arturo de Jesús Peimbert Calvo. E-Oaxaca

MENSAJE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO MEXICANO, POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS CONTRA LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA EN 2006 Y 2007   SEDE DEL CENCOS A.
C.
, COLONIA ROMA, CIUDAD DE MÉXICO   DEFENSOR ARTURO PEIMBERT CALVO   Este es el país de los aullidos Este es el país de los niños en llamas Este es el país de las mujeres martirizadas Este el país que ayer apenas era Y hoy no sabemos dónde quedó   David Huerta     Parafraseando al poeta, nos atrevemos a decir: este es el país de una mal parida ley de seguridad interior; este el país de los cateos sin orden judicial; este es el país donde no hay justicia; este es el país donde no se escucha la voz del GIEI ni de la ONU en materia de derechos humanos; este es el país que diariamente desayuna muertos y desaparecidos.
Señores periodistas, este es el país de Julio César Mondragón.
¿Les dice algo ese nombre?   En lo que a mi corresponde como Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, debo manifestar mi preocupación por la grave crisis de derechos humanos que afronta mi entidad desde el año 2006.
En ese año y los subsiguientes, los mandatarios estatales son señalados como responsables de haber conducido políticas públicas en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, al grado de que al menos uno de esos mandatarios puede y debe ser señalado como responsable por crímenes de lesa humanidad.
  El movimiento social de 2006-2007 en Oaxaca comenzó con las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Posteriormente se fue ampliando por la inconformidad de la población en general, hasta convertirse en un movimiento civil en contra de la forma de ejercer el gobierno por parte de Ulises Ruiz Ortiz, quien se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, cuestionaban la falta de políticas públicas para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en el gasto público.
  Para disolver las manifestaciones ciudadanas, por un lado el Gobierno recurrió a todo el aparato estatal que encarceló injustificadamente a los inconformes, y por el otro implementó acciones de grupos armados ilegales que se dedicaron a causar terror dentro de la población y a cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento.
  Más de 30[1] personas muertas, 311[2] personas detenidas arbitrariamente, 248[3] personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas, es el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel periodo y de los cuales no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia.
  Podemos considerar que el año 2006, en Oaxaca, es el punto de partida para la implementación de una política represiva de contención de la protesta social por parte del Estado, pues durante aquellos años se ensayaron estrategias de persecución e incluso de exterminio en contra de las y los luchadores sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.
  Frente a esta situación, y en un contexto de transición político-social originada por el fin del sexenio de Ulises Ruiz y el advenimiento de un gobierno de alternancia, se crea la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con un nuevo mandato, el cual nos convierte en defensores de los derechos del pueblo, dándonos potestad constitucional para defender el interés jurídico de las y los oaxaqueños.
  Esta transformación institucional es uno de los pocos resultados que se logra con el cisma de 2006 y 2007, pues posteriormente se concreta en una reforma que permite a un organismo público autónomo actuar con una visión progresiva de derechos humanos.
  A fin de contextualizar, ante los representantes de los medios de comunicación, la gravedad del asunto que exponemos, me permito recordar que el Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que en México existe una grave crisis en materia de derechos humanos.
La parte más difícil de tal crisis, es la que afrontan las víctimas, pues ellas y ellos presentan graves secuelas en materia de salud física y emocional.
De 2006 a 2015 más de 150 mil personas fueron asesinadas, según el informe de la Fundación Open Society.
De 2006 a 2016, según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26,798 personas figuran en México como “no localizadas”, es decir desaparecidas.
La misma Comisión reporta el hallazgo de 365 fosas clandestinas en todo el país, mientras la Procuraduría General de la República reporta 18 fosas clandestinas en 32 entidades.
Además, la Comisión Interamericana registra un total de 200 mil personas desplazadas de sus comunidades por violencia.
  En el transcurso de los años 2006 y 2007 el Estado Mexicano inauguró una formula de contención del movimiento social que actualmente se ha venido repitiendo en diferentes lugares del país: Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Arantepacua, son los más significativos ejemplos, y particularmente en el Estado de Oaxaca.
Esta fórmula represiva fue actualizada durante los crímenes ocurridos en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, mismos que dejaron un saldo fatal de ocho muertos y más de un centenar de heridos entre la población civil.
Actualmente, estas prácticas se han vuelto recurrentes; incluso podría decirse que son generalizadas y sistemáticas, lo que podría incluso considerarse como una crisis humanitaria, si se toma en cuenta la gran cantidad de víctimas y crímenes cometidos como consecuencia de la fallida guerra contra el narco.
  Así por ejemplo, del periodo comprendido del 2006 a la fecha la Defensoría tiene un registro de 103 muertes por cuestiones políticas en la entidad, es decir, asesinatos de líderes políticos, representantes de partidos, autoridades municipales, entre otros.
  De igual forma,  esa crisis se observa en las crecientes agresiones contra personas defensoras civiles de derechos humanos y contra periodistas y comunicadores.
En el primero de los casos, esta Defensoría tiene un registro de que en la entidad de 2015 a la fecha se cometieron 989 agresiones, 24 de las cuales fueron homicidios.
Respecto al gremio periodístico en el mismo periodo de tiempo se tiene un registro de 517 agresiones, 11 de las cuales acabaron con la vida del comunicador.
  Ataques que no solo se presentan en la entidad sino en todo el país y que han ido escalando en su grado de violencia hasta afectar a los defensores públicos de derechos fundamentales, como el horroroso caso del asesinato de mi querido amigo y compañero Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
  Crímenes que, no obstante su gravedad, los gobiernos tanto federal como estatal han omitido investigar, o haciéndolo, lo han hecho de manera fraudulenta buscando exculpar a los responsables de tales hechos, quienes disfrutan de completa impunidad.
  Sumado a esto, las diferentes denuncias en materia de violaciones graves a los derechos humanos se hacen dentro de un contexto de impunidad, corrupción y cinismo rampante.
Prueba de ello es que, pese a la existencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las graves violaciones a derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2006 y 2007, no existe ninguna persona que haya sido imputada y sancionada legalmente por lo ocurrido.
  Sobre el tema que hoy nos ocupa, en el año 2016, la Comisión de la Verdad entregó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca una investigación que nos obliga a abrir un expediente, y en consecuencia, a analizar cuáles son las responsabilidades de este organismo defensor de derechos humanos para tener en cuenta las acciones a emprender.
  Concluimos que una alternativa era interponer una acción en la Fiscalía General del estado.
Sin embargo, decidimos no hacerlo, pues el actual fiscal estatal puede ser responsable –como sujeto de investigación– por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ocupó los cargos de subsecretario de Gobierno y subprocurador de Asuntos Internos de la ya extinta Procuraduría de Justicia del Estado.
  Y al prever este conflicto de interés, y la inacción de los organismos procuradores de justicia a nivel local, es que la Defensoría de los Derechos Humanos determina que es clave para el proceso de justicia, la obligación de denunciar estas violaciones a los derechos humanos y los delitos concomitantes, ante la Corte Penal Internacional, toda vez que observamos que se reúnen los requisitos de procedibilidad y competencia señalados por el Estatuto de Roma de la Corte.
  En el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, oaxaqueño ilustre, considerado el principal constructor del Estado de Derecho en nuestro país, vemos oportunidades de aportar al saneamiento de nuestra vida democrática, y contribuir a restablecer el imperio de la ley al hacer público que hay personas y autoridades señaladas como responsables de delitos de lesa humanidad que siguen teniendo un papel y actividad preponderantes dentro del orden público.
  Por ese motivo, presentamos a ustedes la información de las personas que señala la Comisión de la Verdad, y ahora nuestra denuncia, como responsables de delitos de lesa humanidad, tal y como lo dice el Informe realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de su Facultad de Investigación 1/2007, relativa a los Hechos Acaecidos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y Zona Conurbada, durante el período comprendido del mes de mayo de 2006 a enero de 2007 y el 16 de julio de 2007.
  Dicho Informe de la Suprema Corte estipula que las autoridades locales que participaron en hechos que constituyen violación grave de garantías, son el entonces Gobernador del Estado de Oaxaca, cuya participación fue lisa y llana, sin atenuantes; el Director General de Seguridad Pública del Estado; el Director de la Policía Ministerial; el Director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial y mandos operativos.
  También nos basamos –para esta denuncia que presentaremos a la Corte Penal Internacional– en la Recomendación 15/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual indica que servidores públicos y autoridades vulneraron, en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la libertad de reunión, tutelado por el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la libertad personal, tutelado por los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafos primero, tercero y cuarto, y 18, párrafos cuarto, quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la libertad de expresión y a la información, consagrados por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la integridad y seguridad personal por afectaciones a la integridad física, tutelados por los artículos 16, primer párrafo, y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, tutelados por los artículos 16, primer párrafo, 19, último párrafo, y 20, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la propiedad y posesión por ataques a la propiedad privada, protegidos por los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, irregular integración de la averiguación previa, por falta de motivación y fundamentación jurídica, por incomunicación y por insuficiente protección de personas, garantizados por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, primer párrafo, 20, apartados A, fracción II, y B, 21, primer párrafo, y 21, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante los años 2006 y 2007 las instituciones de seguridad del Estado (cuerpos federales, estatales y municipales de policía) cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelaciones masivas[4] que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar.
  Estos crímenes de lesa humanidad por los que se presenta la denuncia ante la Corte Penal Internacional fueron cometidos por personas cuyos nombres y apellidos conocemos gracias a los contundentes testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad.
No debemos pasar por alto que los señalados como responsables por diferentes y numerosos testigos son el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el ex gobernador Ulises Ruiz, , los ex secretarios de gobierno Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas y Manuel García Corpus, la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza, el ex secretario de protección ciudadana Sergio Segreste Ríos, el ex subsecretario de gobierno y ex subprocurador de la Procuraduría de Justicia estatal Rubén Vasconcelos Méndez, el ex director de Seguridad Pública Delfino Cruz Hernández, el ex director de Educación Pública Emilio Mendoza Kaplan, el ex regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino Abel Santiago Zárate, entre otros, de una lista de más de cien funcionarios integrantes de la administración pública federal, estatal y municipal señalados como responsables en el Informe de la Comisión de la Verdad y que acompañan la presente denuncia.
  En un anexo a este documento presentamos los cargos específicos, los nombres de los involucrados y los documentos que fundamentan las imputaciones presentadas, que son básicamente el Informe de la Comisión de la Verdad, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contenidos en un anexo documental que es la Versión Ejecutiva de la Denuncia que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca interpondrá ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos por ex funcionarios del Estado mexicano en contra de la población civil del estado de Oaxaca durante los años 2006 y 2007.
  Tenemos la convicción de que la información presentada en nuestra denuncia satisface todos los requisitos de competencia de la Corte Penal Internacional, para determinar que las autoridades mencionadas cometieron actos que constituyen un crimen de lesa humanidad, y por tal deben ser enjuiciados y sancionados por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de las víctimas de la represión durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca.
  En el mismo tono, dentro de este contexto, hago un llamado al Estado mexicano para que actualice las medidas de protección para todos los que contribuimos con darle voz a quienes no la tienen.
  De igual forma, este Organismo Defensor de los Derechos Humanos solicitará a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un órgano independiente de carácter multilateral internacional, que garantice que los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado, durante este periodo, sean efectivamente investigados, sancionados y en su caso desmantelados.
  Percibimos que la impunidad con respecto a estos delitos es tanta, que ha provocado que no se concluyan los procesos de reparación del daño para las víctimas de 2006.
  Por el legado de represión impune generado a partir de 2006, en Oaxaca, la evidente ausencia de garantías de no repetición de violaciones a derechos humanos, permitió que el Gobernador Gabino Cue y sus funcionarios de seguridad se atrevieran a cometer inauditas y graves violaciones a derechos humanos en la ciudad de Asunción Nochixtlán.
  En el contexto de transformaciones, la sociedad civil organizada comprometió al Gobierno de Oaxaca a impulsar la creación de una Comisión de la Verdad, a la que se le encomendó la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en 2006 y 2007.
En esta denuncia retomamos las investigaciones de esa Comisión para demandar castigo a los responsables y reparación efectiva del daño a las víctimas, pues consideramos que los crímenes cometidos agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, a sus familiares, a sus comunidades; son hechos que afrentan a la humanidad.
Por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, no podemos permitir que este hecho quede impune.
  Este 21 de marzo no sólo conmemoramos el nacimiento del fundador del Estado de Derecho mexicano, sino también el inicio de la primavera.
Y es buen momento para decir que tengo, como muchos compatriotas, un sueño: que una primavera democrática florezca en México.
Debemos sembrar en nuestro suelo la justicia para que ese sueño rinda frutos.
  [1] Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo de Oaxaca 2006-2007.
Anexo IV.
Fallecimientos reportados en 2006 y 2007 relacionados con el conflicto.
[2] Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo de Oaxaca 2006-2007 pp.
792-800.
[3] Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos al pueblo de Oaxaca 2006-2007.
Anexo VII.
Lista de víctimas de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
[4] Estos son los tipos que se configurarían según la Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que son considerados como delitos de Lesa Humanidad.