El Centro por la Justicia critica falta de voluntad de gobierno en caso Ayotzinapa El Siglo de Torreón

La organización pro derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) criticó hoy la "falta de voluntad" del Estado de México para investigar a fondo la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
"El proceso ha sido marcado no solo por la falta de voluntad política de investigar debidamente, sino también por las acciones violatorias del Estado mexicano para alejar la justicia y la verdad acerca de lo ocurrido", cita la organización con sede regional en Costa Rica.
Estas declaraciones se dan luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) revelara un informe en el cual cuestiona la investigación del caso Ayotzinapa.
El reporte de la ONU hace referencia a "fuertes elementos" que indican tortura a 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, pese a que el Gobierno defiende que sigue "altos estándares internacionales".
La ONU-DH expuso que parte de los procesados sufrieron tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, que han sido encubiertas.
"Es inaceptable que existan serios indicios del uso de la tortura en al menos 34 casos para obtener confesión.
Esta práctica ha sido revelada anteriormente como un mecanismo para ejercer presión sobre las personas y forzarlas a declarar sobre delitos", explicó CEJIL.
El centro añadió que la impunidad solo propicia que este tipo de prácticas se mantengan en el tiempo e hizo un llamado urgente a que estas denuncias sean investigadas por "órganos competentes, de manera independiente y exhaustiva, para identificar, juzgar y castigar a quienes resulten responsables y evitar su repetición".
Tras la presentación del informe de la ONU este jueves, el Gobierno de México emitió un comunicado en el que consideró que el documento no "sustenta" los casos de tortura que denuncia, y que abunda sobre temas ya tratados.
Asimismo, el Ejecutivo denunció que el reporte obvia algunas partes de los expedientes oficiales, si bien reconoció que los casos de tortura existentes en torno a este caso ya han sido reconocidos e investigados oficialmente.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.
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