Auditor de Veracruz supo de anomalías desde el gobierno de Duarte y no actuó Notinformex

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha intentado deslindar al Auditor General de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez de responsabilidad en irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos federales de siete fondos y programas federales por cuatro mil millones de pesos.
El Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B” de la ASF, José Pilar Tristán Torres, emitió un escrito –en poder de EL UNIVERSAL- donde pretende exonerar al titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de anomalías detectadas en dichos fondos, cuyos recursos jamás se utilizaron y no fueron devueltos a la tesorería de la federación.
El funcionario veracruzano supo desde el 2014 de irregularidades e incluso firmó documentos oficiales en los cuales se comprometía a dar seguimiento al reintegro del dinero, lo cual nunca ocurrió.
Pero además, cuando se detectó la anomalía, el auditor era el Director General de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado y enlace con la ASF para solventar las observaciones que derivaron en una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), asentada bajo el número de averiguación previa AP/PGR/VER/VER/AEIDCSP/916/2016.
Los auditores de la ASF detectaron que el Gobierno de Veracruz, en cuatro ejercicios fiscales, jamás ejerció recursos federales por cuatro mil 770 millones de pesos, por lo cual -según las reglas de operación- deberían ser reintegrados a la tesorería de la federación.
Se trató de dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF); y del Seguro Popular.
El 7 de marzo del 2014, el titular del ORFIS signó una minuta en la cual se comprometió con la Auditoría Superior de la Federación a darle seguimiento al reintegro de recursos de siete fondos y programas federales; sin embargo, el dinero jamás fue reintegrado a la tesorería de la federación.
Y cuando ocupó la Dirección General de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado el 9 de mayo del 2011 (según oficio CG/1497/2011) como Coordinador ante la ASF para solventar las anomalías detectadas en la Cuenta Pública del 2010, de la cual se deriva una parte de los desvíos por 4 mil millones.
A pesar de ello, el Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B” de la ASF, José Pilar Tristán Torres, emitió el oficio número DGARFT”B”/4068/2014, donde asegura que Portilla Vázquez “tuvo una participación de atención a los requerimientos, asimismo de la entrega de información para solventar las irregularidades”.
El documento del servidor público de la Federación, aparece sin copia a sus superiores y no aclara si se emite por petición de algún interesado o si existió algún dictamen o investigación para determinar que el actual auditor solventó las observaciones.
Portilla Vázquez fue designado por el Congreso del Estado como Auditor General el 27 de septiembre del 2012 por un periodo de siete año, por lo que su gestión concluye en el 2019.
De acuerdo con información oficial del ORFIS, fue hasta el 2016 - cuando el PRI perdió las elecciones frente al panista Miguel Ángel Yunes Linares-, que el auditor general comenzó a presentar la mayoría de denuncias penales por irregularidades detectadas en Cuentas Públicas atrasadas del gobierno de Javier Duarte.
Por ejemplo, de la Cuenta Pública del 2014 no existe registro de denuncias penales (en la página oficial del ORFIS); y del uso de recursos del 2015 presentó 26 querellas por anomalías, pero lo hizo hasta el 2016 y 2017.
Tras la llegada del gobierno del PAN-PRD, entonces el Auditor también presentó cuatro “denuncias derivadas del seguimiento a observaciones determinadas como administrativas en ejercicios anteriores”.