Organizaciones ambientales alertan ante aprobación de Ley de Biodiversidad El Siglo de Torreón

Una alianza de organizaciones campesinas, indígenas y civiles, así como académicos y ciudadanos mexicanos, lanzaron una alerta ante el riesgo de que sea aprobada esta semana en la Cámara de Diputados la Ley General de Biodiversidad (LGB), que consideran violatoria a los derechos de diversos grupos.
La Coalición Ciudadana ante la LGB asegura que dicho texto abre la puerta a violaciones a derechos humanos y de indígenas, además de vulnerar ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas en el país.
En el texto, la LGB debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la utilidad pública para la conservación.
Además "elimina la prohibición del desarrollo de actividades industriales en áreas naturales protegidas, lo cual genera un vacío legal que puede ser aprovechado por sectores como el de la minería, energético, de biotecnológica y farmacéutico", dice la coalición en su análisis.
Gustavo Sánchez, presidente de Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), que forma parte de la coalición, dijo a Efe que "la Ley de Biodiversidad es uno de los casos donde claramente hay una afectación a indígenas y campesinos que en sus territorios resguardan la biodiversidad".
"La LGB debe ser consultada con indígenas y campesinos y sus intereses incorporados al texto que los diputados aprueben", agregó.
El texto contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica (1992), ratificado por México en 1993, y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), a la que México se adhirió ese mismo año.
María Colín, abogada de Greenpeace México, explicó a Efe que "la LGB impide a los pueblos indígenas el acceso a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para conocer los proyectos industriales dentro de sus territorios", lo cual viola la Constitución.
El artículo 2 de la Constitución establece que "dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente".
La coalición agrega que la LGB permite el aprovechamiento de los recursos genéticos del país y el conocimiento de los pueblos indígenas sin su consulta y consentimiento, lo cual contraviene el principio del Protocolo de Nagoya, firmado por México en 2010.
Señala que la Ley también dificulta la implementación del Acuerdo de París (2015), derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
A diferencia del tratado anterior (Protocolo de Kioto), el Acuerdo de París no es vinculante, de tal forma que los países pueden cambiar sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global.
En otro punto, expone que la LGB "limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030".
La Coalición Ciudadana, en la que participan organizaciones civiles como el Centro para la Diversidad Biológica, la Fundación Henrich Böll, Greenpeace, Global Youth Biodiversity Network, Red Mocaf y Semillas de Vida, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que la legislación sea sometida a consulta antes de ser votada.
La iniciativa de ley fue impulsada por la legisladora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y aprobada en diciembre de 2017 en el Senado, aprovechando la atención mediática existente sobre la Ley de Seguridad Interior.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México alberga más de 10 % de la biodiversidad mundial y es uno de los 17 países megadiversos del mundo.
El país cuenta con 182 áreas naturales protegidas que se encuentran, en su mayoría, dentro de territorios de comunidades indígenas o campesinas.
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