Parlamento aplaza reforma para investir a distancia a Puigdemont El Siglo de Torreón

La Mesa del Parlamento de Cataluña aplazó hoy el debate sobre una propuesta de reforma legislativa que permita la investidura a distancia del líder independentista Carles Puigdemont como presidente de esa región, pese a seguir en Bélgica huido de la Justicia española.
Continúa así el bloqueo político, la incertidumbre y las conjeturas sobre si, finalmente, se podrá formar un nuevo gobierno autonómico catalán y quién lo presidirá tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado.
El portavoz de ERC (republicanos independentistas de izquierda), Sergi Sabrià, se mostró hoy convencido de que "en unos días" habrá un acuerdo con Junts per Catalunya (JxCat, centroderecha secesionista) para "legitimar a Puigdemont" y "formar un gobierno efectivo", según dijo a Televisión Española.
El órgano rector del Parlamento regional catalán (la Mesa) acordó hoy solicitar un informe a los letrados jurídicos de la cámara acerca de la propuesta de la coalición JxCat, que encabeza Puigdemont, para posibilitar un debate y votación para que sea elegido estando fuera de España.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) español ya había advertido de que Puigdemont debería presentarse en la sede del Parlamento, en Barcelona, y con un permiso del Tribunal Supremo (TS), pues lo investiga por rebelión, entre otros delitos, por impulsar un proceso independentista ilegal en 2017.
JxCat descarta que pueda haber dificultades "formales ni legales" en su propuesta para reformar la Ley de la Presidencia de Cataluña con vistas a una investidura a distancia, pero no desea abrir un "conflicto" en la Mesa y aceptó que se solicite un informe a los servicios jurídicos de ese Parlamento regional.
En concreto, el presidente del Parlamento regional catalán, el independentista republicano Roger Torrent (ERC) pidió el informe de los asesores jurídicos para aclarar dudas sobre el texto de reforma, según fuentes parlamentarias.
Algunos expertos apuntan que este asunto genera discrepancias entre estos dos partidos soberanistas y que la decisión de pedir consejo a los letrados permite ganar tiempo en la negociación para intentar formar gobierno.
A mediados de enero los letrados ya emitieron un informe en el que concluyeron que el reglamento del Parlamento catalán no permitía una investidura a distancia.
Los servicios jurídicos también han dictaminado que aún no empezaron a correr los plazos para poder celebrar nuevas elecciones autonómicas.
En estas circunstancias, algunos partidos no independentistas, como los liberales de Ciudadanos, han propuesto la celebración de un pleno parlamentario con vistas a "desbloquear" la situación.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, anunció hoy que han presentado un recurso de amparo en el TC para proteger los derechos de sus diputados y desbloquear el proceso de investidura, exigiendo que "corran los plazos".
También hoy, el juez del TS Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista, decidió que el expresidente regional catalán Artur Mas (antecesor de Puigdmeont) siga en libertad sin medidas cautelares, tras declarar en el juzgado.
Mas aseguró al juez que advirtió a Puigdemont de que no debía dictar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), sino que debía convocar elecciones regionales, cosa que no ocurrió, según fuentes presentes en la declaración.
Quien convocó las elecciones para el 21 de diciembre de 2017 fue el Ejecutivo español, quien destituyó a Puigdmeont y todo su gobierno el 27 de octubre, amparado en la Constitución, después de que el anterior Parlamento catalán aprobada una declaración favorable a la independencia unilateral.
También declaró Mas que, cuando él era presidente de Cataluña (2010-2016), intentó una salida pactada para evitar el conflicto con el Estado español.
Mas convocó un referéndum sobre la independencia en noviembre de 2014, que se celebró como una consulta no vinculante y sin valor legal tras ser suspendido por el TC.
Por ello fue condenado a dos años de inhabilitación y el Tribunal de Cuentas decidió investigarlo por supuesto desvío de dinero público para dicha consulta.
Por su parte, la dirigente del partido CUP (independentistas radicales de izquierda) Anna Gabriel, citada a declarar mañana por Llarena, ha decidido marcharse a Suiza al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España, según declaró al diario suizo Les Temps.
Más información en https://www.
elsiglodetorreon.
com.
mx