Se pensaba que en La Paz nunca iba a pasar nada El Siglo de Torreón

El 31 de julio de 2014 dos grupos armados que se desplazaban en cuatro camionetas se enfrentaron a balazos, con saldo de tres muertos.
Las autoridades tardaron casi 72 horas para informar que los fallecidos eran el operador del Cártel de Sinaloa en la región, Esteban "N", El Pantera, y dos de sus escoltas.
En contraste, entre la población pronto dos cosas quedaron claras: que en el estado operaban grupos de la delincuencia organizada y que las policías estatal y municipal no estaban preparadas para hacerles frente.
A partir de esa fecha, el número de homicidios en la entidad, principalmente en La Paz y Los Cabos —destinos famosos por sus playas y hoteles lujosos, que reciben turismo de talla internacional—, escaló a tal grado, que fue necesaria la construcción de un nuevo panteón en La Paz, capital del estado.
Analistas, autoridades federales y estatales, así como grupos civiles reconocen que a la delincuencia organizada le fue fácil abrirse paso porque la entidad no estaba preparada para hacerle frente; "no se tenía una agencia antisecuestros, no se tenía dónde capacitarlos (a los policías), se pensaba que en La Paz nunca pasaba nada y nunca iba a pasar nada".
"Nuestra policía no sabe a qué tirarle o cómo proteger a la gente" en enfrentamientos, dicen y añaden que frente a siniestros de magnitud, en 90% de los casos son grupos civiles quienes realizan las tareas de auxilio.
A esto se añade que los forenses son insuficientes y se carece de un Sistema Estatal de Emergencias.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que durante 2014, el número de homicidios en la entidad fue de 126, un año después cerró con 226, durante 2016 sumaron 281, la cifra se duplicó en 2017, año en que registró 701 homicidios.
La violencia empezó en 2014, pero fue hasta dos años después cuando comenzaron a llegar los primeros grupos tácticos y de inteligencia del gobierno federal a La Paz, en noviembre de 2016.
Y fue hasta enero de 2018 cuando el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que arribarían grupos especiales de la Policía Federal a la entidad no sólo para encabezar tareas disuasivas, sino de investigación en zonas como Los Cabos, Colima, Cancún y Ciudad Juárez.
Policía que se esconde "Nuestras policía no sabe cómo llegar a un enfrentamiento.
El policía paceño no sabe a qué tirarle, cómo esconderse y cómo proteger a la gente, cómo acordonar un área para brindar apoyo", señala un funcionario de seguridad en La Paz que pidió el anonimato.
Y añade: "Si hay un enfrentamiento en una plaza, la policía simplemente no va a llegar, los van a dejar, porque no sabe, porque no ha tenido un programa continuo de capacitación en reacción, prevención y de investigación.
Actúan ahorita según su sentido común y la experiencia.
Pero la policía local no sabe hacer un desplante operativo real, todos llegan al mismo lugar, no hay coordinación".
En una visita a la entidad —16 de noviembre de 2016—, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, expresó que en seguridad, prácticamente en La Paz, "se empezó" de cero y que las medidas de seguridad se relajaron desde muchos años atrás.
"No se tenía una agencia antisecuestros, no se tenía dónde capacitarlos (a los policías), se pensaba que en La Paz nunca pasaba nada y nunca iba a pasar nada".
La organización civil Causa Común advirtió desde 2015 las fallas en el desarrollo policial en el estado.
Según sus estudios más recientes —difundidos en noviembre pasado—, tiene la policía más rezagada.
Entre otras deficiencias, señala las austeras instalaciones de la Academia Estatal, donde no hay stand de tiro, pista de manejo ni casa táctica; además, en entrevistas que realizó la organización, los policías señalaron que tienen que pagar de sus bolsillos uniformes y reparación de patrullas, y que superiores los mandan a realizar encargos personales.
La PGJE tiene pendiente también modernizar los Semefos en la entidad, pues salvo el de Los Cabos, que se creó el año pasado, todos son antiguos y sin capacidad.
El caso más grave es el de La Paz, que se construyó en los años 80 y no cuenta con remodelación, incluso en marzo pasado sufrió una avería en el sistema de refrigeración y se contrató un congelador móvil para trasladar los cuerpos.
Botean para mantenimiento de ambulancias La entidad no cuenta con un Centro Regulador de Urgencias Médicas, como ya lo tienen 21 entidades.
Actualmente, el 90% de los llamados de urgencias los atienden grupos voluntarios o empresas que prestan sus ambulancias.
La entidad sólo cuenta con una avioneta aérea para emergencias y cinco ambulancias de Protección Civil.
En entrevista, la doctora Ana María Apodaca, secretaria técnica del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en BCS, asegura que la meta es lograr el CRUM este año.
Señala que la ausencia de un marco jurídico ha retrasado su instalación y la implementación de todo un Sistema Estatal de Emergencias.
Juan Alfonso Lamarque, comandante responsable del Grupo Gerap, voluntarios que trabajan en La Paz desde 1999, con ambulancias viejas y donadas, señala que "ningún gobierno se ha preocupado por la atención de emergencias".
La prueba, dice, es que no se le ha apostado a la compra de ambulancias y capacitación de personal especializado.
Frente a accidentes de magnitud, como choques carreteros, incluso se ha trasladado a pacientes en vehículos particulares.
"Nosotros nos capacitamos, boteamos para la gasolina, hacemos eventos para sacar recursos y arreglar nuestras ambulancias.
El estado nos da mil pesos a la semana en gasolina, pero nuestro gasto es de 5 mil", añade.
Hospitales sin protocolos El 26 de diciembre, dos sujetos armados irrumpieron en el Hospital General de Especialidades Juan María de Salvatierra, ubicado en La Paz, presuntamente en busca de un hombre para rematarlo.
Pasaron más de dos horas, para que personal del hospital, considerado el más importante del estado, dieran informes a los familiares de los pacientes.
Días después, trabajadores del hospital se manifestaron y exigieron condiciones de seguridad.
Revelaron que desde hace dos años el personal de urgencia ha recibido amenazas y advertían que una situación así podría ocurrir; sin embargo, acusaron que la Secretaría de Salud no atendió sus inquietudes.
Sin planeación Arturo Rubio Ruiz, presidente de la asociación civil local Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito, señaló que los rezagos en la entidad obedecen a la falta de planeación a largo plazo.
"No hemos tenido programas sostenidos de prevención, capacitación o de mejoramiento de infraestructura.
Necesitamos una planeación transexenal.
Hoy tenemos un esquema de seguridad que corresponde a las pequeñas ciudades provincianas, cuando enfrentamos un problema de cualquier ciudad cosmopolita", sostuvo.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, indicó que advirtieron a las autoridades locales en 2014 sobre la crisis que vendría en BCS, ante el alza de los delitos que observaban y no se atendió la advertencia.
A tres años de ello, consideró que no observa una estrategia a nivel local para hacerle frente a la violencia, y subrayó que la sola presencia fuerzas federales no es la solución.
Ramón Ojeda Mestre, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y ex asesor de la Sedena, advirtió que BCS y particularmente los municipios turísticos del sur, La Paz y Los Cabos, fueron creciendo económicamente y se consolidaron como "núcleos atractivos para el trasiego y venta de droga, ante la demanda de gran cantidad de extranjeros".
No obstante, los gobiernos no previeron los efectos asociados al crecimiento y tampoco se preocuparon por fortalecer los cuerpos policiacos.
Empresarios entran al quite Actualmente se construye un edificio nuevo para la Academia de Policía del estado.
Antes se utilizaban diferentes espacios.
Autoridades estatales anunciaron una inversión de 55 millones de pesos y contará con dormitorios, auditorios, gimnasio, simulador de manejo y tiro.
El gobernador se comprometió a entregar la obra a finales del año pasado, pero aún no se ha concretado.
En Los Cabos, son los empresarios que integran el Consejo Coordinador quienes invierten 140 millones de pesos en la construcción de un nuevo cuartel militar para la Secretaría de Marina, que desde hace meses incrementó su presencia en el destino.
Julio Castillo, presidente del CCC, afirmó que a petición de la iniciativa privada, las Fuerzas Federales tuvieron que reforzar la seguridad en BCS, y lamentó que durante al menos dos décadas no se haya invertido lo suficiente en fortalecer los cuerpos locales de seguridad.
Más información en https://www.
elsiglodetorreon.
com.
mx