Denuncian influyentismo judicial de Cemex El Siglo de Torreón

El fraude en Cemex por más de 100 millones de pesos presenta una contradicción judicial, pues el mismo juez que concedió un amparo contra una orden de aprehensión luego, a petición de los abogados de la cementera, otorgó en tres días un nuevo amparo para ejecutar esa misma orden de detención.
Es decir, el Juez IV de Distrito en Nuevo León tiene una visión bipolar sobre una misma orden de aprehensión.
Primero la niega, luego la autoriza, acusan afectados.
Óscar Vargas, de Regino Abogados y defensor del exempleado de Cemex acusado por ese presunto fraude, afirmó que en el caso hay una serie de decisiones ministeriales y judiciales, entre ellas la contradicción del juez, que se traduce en una persecución contra la familia de su defendido, actualmente privado de su libertad, con prisión preventiva.
Expuso que, por un lado, además de prisión preventiva contra el acusado Juan Manuel Peña Almaraz, la cual no se ameritaba en el delito de fraude genérico, Cemex efectúa una persecución contra toda la familia.
Explicó que la cementera solicitó el embargo precautorio de todos los bienes y cuentas de los familiares del acusado, incluso exigió una orden de aprehensión contra su esposa, Gloria Esthela Padilla López, por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"El Juez IV de Distrito concedió un amparo a la esposa del acusado, donde se indica que nunca se ocultaron los bienes, factor decisivo para no considerar que los bienes son de procedencia ilícita y que por lo tanto la orden de aprehensión contra ella por ese supuesto delito es inexistente", dijo el abogado.
“Pero esto sólo indica más interrogantes de cómo se está conduciendo la autoridad en este asunto, porque el mismo Juez IV de Distrito les concede una suspensión definitiva donde faculta se ejecute esa orden de aprehensión.
Cosa que es totalmente contradictoria, y entonces ¿qué va a hacer la autoridad?.
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Añadió que solamente el Agente del Ministerio Público de Aprehensiones y el Fiscal quieren ejecutar la orden de aprehensión, pero el Juez de Control ya había concedido los efectos del amparo en favor de la esposa del acusado.
El origen del proceso por fraude genérico es la denuncia que presentó Cemex contra Peña Almaraz, que trabajó durante 20 años en la compañía.
La empresa afirma que éste “aprovechó una debilidad del sistema SAP -de administración-” para obtener directamente de la caja de la transnacional cheques a su nombre por más de 100 millones de pesos entre 2013 y 2018.
Pero el exempleado asegura que está en la cárcel para silenciar todas las operaciones de este tipo que él conoce y para proteger la negligencia de directivos.
Apuntó que el director Jurídico de Cemex, Arturo Garza Ulloa, estaba enterado de la expedición de esos cheques para pagar prediales de los inmuebles y comprar tierras en Yucatán, Quinta Roo, Jalisco, Puebla y Baja California.
Y según documentos que muestran sus abogados, es un hecho que Peña Almaraz participó en la adquisición de propiedades que actualmente son explotadas por Cemex, incluso al grado de convertirse en ejidatario.
Está un contrato de compra-venta registrado en la escritura pública 362 del 18 de Noviembre de 2009, en la Notaría Pública 12 de Mérida, Yucatán, en el cual Peña Almaraz aparece como apoderado de su esposa y vende una parcela del ejido Xtepén, en el municipio Umán, a la empresa Inmobiliaria Ferri S.
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En la operación aparece Waldo Fernández González, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, como presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ferri S.
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, que es la parte compradora.
Fernández González fue director Jurídico y de Administración Inmobiliaria de Cemex, con sede en Monterrey, y según Peña Almaraz fue quien creó dos empresas: Inmobiliaria Ferri S.
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, así como Asesorías Especializadas en Inmuebles S.
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, para triangular la compra de tierras para que Cemex las explote como canteras.
Peña Almaraz, desde su prisión en el Penal del Topo Chico, aseguró que él adquirió todo su patrimonio porque obtenía una comisión de entre 10 y el 25 por ciento por la “triangulación” en la compra de tierras para cantera y yeso de Cemex.
El abogado defensor del acusado, Óscar Vargas, está recopilando más actas de propiedades donde Peña Almaraz aparece como “vendedor”, tierras que actualmente son explotadas por Cemex como canteras o yeseras.
Vargas aseguró que la persecución de la cementera contra su defendido y su familia llegó a privar de la libertad a la esposa de Peña Almaraz en la casa de la madre de ésta, en la tercera semana de junio.
“La señora fue a casa de su mamá y llegaron personas de Seguridad de Cemex, que además tienen controlados los accesos de todas sus propiedades, tienen drones arriba de sus casas, gente siguiéndolas, todo el departamento de aprehensiones detrás de ellos”, denunció Vargas.
“Nos dicen que traen una orden de aprehensión, luego nos dicen que no, que traen una orden de cateo, con una actitud extremadamente violenta.
"Y no era ni una cosa, ni la otra, no traían ninguna orden, pero se fueron a las cuatro de la mañana, así que la señora con su amparo estuvo desde las tres de la tarde hasta las cuatro de la mañana privada de su libertad por esta gente”, añadió el abogado.
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