AMLO presenta el Plan de Desarrollo, en CDMX El Gráfico

Por H.
Jiménez, P.
Villa y Caña y Manuel EspinoEl presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que al final de su administración “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”; plantea el fin a una política prohibicionista de drogas y retoma la amnistía.
En el documento que el Ejecutivo entregó al Congreso el martes se señala que durante su mandato los índices delictivos —de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos y a casa-habitación, asalto en las calles, así como en el transporte público y otros— se habrán reducido 50% en comparación con 2018.
ADICCIONES.
El proyecto advierte que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las [drogas] que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas”.
Señala que el modelo prohibicionista impulsado por gobiernos anteriores es insostenible, muestra de ello es la violencia y los malos resultados de salud pública del país.
 Se plantea que esta estrategia sobre drogas deberá realizarse de manera negociada, tanto con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.
 ALTO NIVEL.
Sobre la delincuencia de cuello blanco, el PND señala que a fin del sexenio habrá desaparecido y la corrupción política, así como la impunidad que han prevalecido como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos excepcionales.
Detalla que las instituciones estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses nacionales, el principio de la separación de poderes y el respeto al pacto federal serán la norma y no la excepción, “el acatamiento de las leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos y el fraude electoral, la compra de voto y todas las formas de adulteración de la voluntad popular serán sólo un recuerdo”.
Amnistía.
El Presidente retoma su propuesta de otorgar amnistía o indulto a acusados y sentenciados, así como el desarme de grupos infractores “ante la imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas” por la vía policial o militar.
También plantea revisar los expedientes de procesados y sentenciados, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, sin embargo, no precisó en cuáles delitos podría aplicar el beneficio.
Indica que las anteriores administraciones recurrieron al empleo de las Fuerzas Armadas y “se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras”.
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