Actrices alzan la voz contra criminalización a la mujer que aborta El Siglo de Torreón

A sus 25 años Dafne McPherson enfrentó la peor pesadilla de su vida: ser encarcelada durante tres años y cuatro meses en el Penal de San Juan del Río, Querétaro, por un parto espontáneo.
Su historia es sólo un ejemplo de las batallas que deben librar otras mujeres en México y es que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo en 2018 se han levantado 516 averiguaciones contra quienes se han practicado un aborto.
La Ciudad de México es la única entidad del país donde se permite la interrupción del embarazo siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación.
En el resto del territorio el aborto se tipifica como delito y las penas de prisión para quien incurre en él varían dependiendo el código penal de la localidad, siendo absueltas sólo aquellas que fueron violadas o si su vida está en riesgo.
Por ejemplo, en su Capítulo V, artículo 138, el Código Penal de Querétaro contempla la pena de uno a tres años para la madre y para quien la haga abortar de forma consensuada.
Recién se revisó ese y otros códigos de diversas entidades de la República en los que ubicó que las sanciones varían en cuanto a tiempo según el estado, pero todos criminalizan a quien decide interrumpir su embarazo.
Actrices como Patricia Reyes Spíndola y Johanna Murillo alzan la voz contra esas medidas y coinciden en que las decisiones sobre el cuerpo de la mujer “son un derecho individual”.
Johanna Murillo expuso que “prohibir a una mujer decidir sobre su cuerpo tiene que ver con la violencia de género que se vive en este país.
El aborto es una decisión individual y de la mujer, y no debería estar sujeta a que alguien más decida sobre tu cuerpo”.
A sus 65 años Patricia Reyes Spíndola afirma que desde muy joven decidió no tener hijos y está convencida de que quien debe tomar la decisión sobre su cuerpo es la misma mujer.
“No estoy a favor ni contra el aborto.
Estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo”, expresó la actriz originaria de Oaxaca, una de las entidades con el mayor número de abortos clandestinos, de acuerdo con datos de una clínica privada de interrupción de embarazo y ginecología.
MÉXICOVA EN RETROCESO En marzo el Congreso de Nuevo León aprobó el proyecto de ley para para garantizar el derecho a la vida, desechando la posibilidad de la aplicación legal del aborto en la entidad.
La reforma a la Constitución local fue aprobada por 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
Patricia Reyes Spíndola aseveró ante esos hechos que, “estamos retrocediendo mucho años y haciendo perder muchas de las luchas que dieron otras mujeres.
Es una lástima que cosas que ya están permitidas en otros lugares (Ciudad de México) las estén echando para atrás.
Es un atraso cultural muy fuerte”.
A Johanna Murillo, por su parte, le parece increíble que a esas alturas y con todo lo que se ha ganado en materia de derechos humanos, se sigan suscitando este tipo de debates y “haya interés por echar pasos atrás en cuanto al terreno ganado”.
“Es una aberración que alguien que decide sobre su cuerpo esté enfrentándose a un tema legal (.
.
.
) Hay que hacer frente al tema y alzar la voz, informándonos y moviéndonos, porque de lo contrario muchas mujeres seguirán muriendo practicándose abortos clandestinos o irán a la cárcel”, expresó con enojo.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, planteó que mediante un Código Penal nacional único, el gobierno federal podría procurar la protección de mujeres y evitar que sean criminalizadas.
Aunque manifestó que está a favor de la vida y contra el aborto, también está en contra de que las mujeres sean sujetas a un proceso penal y se les prive de su libertad.
“Por lo tanto estoy de acuerdo que cuando menos dentro de las 12 primeras semanas del embarazo no sea tipificado como delito el aborto que se practique”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa.
LEGALIZAR EL ABORTO Según estadísticas preliminares del servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 a febrero de 2019 se contabilizan más de 200 mil pacientes atendidas.
El mayor número de pacientes son originarias del Estado de México, seguido por la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y el resto del país.
No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en América Latina 24 por ciento de los abortos que se practican bajo procesos no médicos terminan con la muerte de la mujer.
“Los abortos se hacen, se practican y ahí están las cifras.
Lo que muchas mujeres queremos es que se practiquen de forma legal, segura y gratuita, porque efectivamente los clandestinos matan a las mujeres y seguirán dándose estas prácticas”, dijo Johanna Murillo.
Es un tema de salud y hay que ver la situación sin prejuicios ni ideologías.
“La desinformación genera dudas, por eso hay que hablar de esto e informar sobre las maneras que existen a la hora de practicarse un aborto”, agregó la también productora.
De acuerdo con Murillo, “está bien que cada quien crea en lo que quiera (Dios, pro vida, etcétera), pero por qué imponer en los demás tu ideología; eso me parece que es lo que arruina todo esto, porque qué más le da a los otros que una mujer decida sobre su cuerpo”, comentó.
Más información en El Siglo de Torreón