¿Por qué hay “dos presidentes” en Venezuela? ¿El país sudamericano puede tener dos mandatarios? Elimparcial.com Sonora

Lo que ha ocurrido en Venezuela esta semana ha dejado al mundo consternado: ¿el país sudamericano puede tener dos mandatarios? ¿Alguno es legítimo? ¿Qué circunstancias llevaron al líder opositor Juan Guaidó a declararse “presidente encargado”, a pesar de que Nicolás Maduro dice haber ganado las elecciones de 2018?A continuación algunos aspectos para ayudar a comprender la situación:¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?El líder opositor Juan Guaidó dejó a muchos boquiabiertos cuando el miércoles 23 de enero, durante un evento público paralelo a marchas en contra y en favor del gobierno, anunció que asumía formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional en una lucha por “cesar la usurpación” del poder que, según dijo, encabeza Maduro.
GUAIDÓ SE DECLARÓ “PRESIDENTE ENCARGADO”, PERO ¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?Asumir como presidente “encargado” implicaría que Guaidó sería el mandatario “interino” del país.
El líder opositor sustentó su decisión en los artículos constitucionales 233 y 333.
El primero clarifica qué es lo que se considera una “falta absoluta” del presidente y establece que cuando no hay un gobernante electo antes de la fecha de toma de posesión, debe llevarse a cabo una nueva elección dentro de los siguientes treinta días, pero mientras eso ocurre tiene que tomar posesión el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, Guaidó.
Sin embargo, ¿cómo se justifica la aplicación de este artículo si se considera que Maduro dice haber ganado las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y asumió el poder el pasado 10 de enero?El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica de Caracas, Juan Manuel Rafalli, dice que hoy Venezuela se encuentra ante una situación atípica que no tiene una solución expresa y clara en la Constitución.
Sin embargo, explica que el punto de partida de la decisión de Guaidó --que cuenta con el respaldo del poder legislativo-- es que el año pasado no existió un proceso electoral que diera legitimidad a Maduro.
Es decir, dado que esos comicios fueron rechazados por opositores y organismos internacionales por sus irregularidades, Rafalli explica que no puede hablarse de que hoy exista en Venezuela un presidente electo.
Por ello, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, actuó basándose en una interpretación del legislativo de la Carta Magna.
“La Constitución se interpreta de manera sistemática e integral y no hay ninguna duda de que la situación que prevé la Constitución es la más próxima a lo que está ocurriendo, es decir, la más próxima a que no haya un presidente electo es que haya un presidente electo y no asuma un cargo”, señala Rafalli y agrega que este escenario “abre la aplicación del artículo (233) con una razón de mucho peso: Hay un eje interpretativo de la Constitución, que es favorecer la voluntad del pueblo y en este momento, el presidente de la Asamblea Nacional es la cabeza del órgano representativo colegiado y electo popularmente por todo el país en 2015”.
En aquellos comicios, el mismo Maduro reconoció la victoria de legisladores de oposición en el Congreso, pero con el tiempo ha ido minando su poder para ejercer mayor control en el país.
“Si no es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿quién puede ser?”, se pregunta Rafalli.
“No puede ser el vicepresidente porque la vicepresidencia se vició el mismo día que inició el mandato constitucional.
Tiene que ser por interpretación sistemática de la Constitución quien represente al poder popular legítimamente electo”.
Para Rafalli, Guaidó no se “autoproclamó” presidente, como se ha señalado en algunos medios.
“Él es el presidente de la Asamblea Nacional, que en este momento es el único poder público electo popularmente y que cuenta con representantes de todos los estados del país a través del voto popular en unas elecciones incuestionables”.
Por último, destaca, lo ocurrido el miércoles constituyó un compromiso con el pueblo --un acto simbólico-- pero el experto supone que se llevarán a cabo acciones protocolarias --levantar un acta, por ejemplo-- en la próxima sesión del Congreso.
Sobre todo esto, Maduro dijo el jueves en una ceremonia ante el Tribunal que sus detractores “pretenden justificar lo injustificable” y que no existe una falta absoluta del presidente porque “ninguno de estos parámetros han sido causados ni existen”.
VENEZUELA TIENE DOS ASAMBLEAS, ¿POR QUÉ?LA ASAMBLEA NACIONAL: es el poder legislativo de Venezuela, es decir, el Congreso.
Se integra por 167 diputados y hoy es la única instancia del gobierno en manos de la oposición.
El cuerpo actual se instaló en 2016 y debe mantenerse hasta 2021.
Desde hace tres semanas, su presidente es Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular.
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: es un órgano integrado por 545 partidarios de Maduro que fueron electos en agosto de 2017 para redactar una nueva Constitución.
La situación causó gran polémica dentro y fuera de Venezuela, y la oposición denunció que tanto la convocatoria al proceso constituyente como la elección de sus miembros violaban la Carta Magna.
Tan pronto se instaló, el organismo demostró que sus poderes eran virtualmente ilimitados, ya que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y a menos de 24 horas de haberse creado destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz, una de las últimas férreas opositoras públicas del Estado.
La decisión despertó gran polémica en el mundo.
Donald Trump, por ejemplo, calificó al gobierno de Maduro de “dictadura”.
¿POR QUÉ LA OPOSICIÓN AFIRMA QUE MADURO “USURPA” EL PODER?Sus detractores han criticado el proceso que precedió las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
Dado que el gobierno entorpeció la participación de la oposición, este bloque se debilitó e hizo un llamado a “boicotear” los comicios a través de la abstención.
Al final de la jornada, Maduro resultó vencedor con 68% de los votos aunque 54% del electorado no acudió a las urnas.
Pasados los comicios, los dos opositores a Maduro --Henri Falcón y Javier Bertucci-- denunciaron irregularidades específicas.
El primero acudió al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar los resultados y aseguró que se cometieron irregularidades como permitir la instalación de puntos oficialistas cerca de los centros de votación, que personas con limitaciones físicas sufragaran con asistencia de algún funcionario y que se entregaran bonos estatales a familias pobres días antes de las elecciones.
La comunidad internacional también reaccionó.
Además de comentarios de rechazo a los comicios, algunos países como Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones económicas a funcionarios y dirigentes del oficialismo.
Únicamente las naciones aliadas de Venezuela --como Cuba y Nicaragua-- mostraron su respaldo a Maduro.
Esta situación es clave para comprender lo sucedido el 23 de enero porque es lo que la oposición argumenta para interpretar la constitución en favor de la presidencia interina de Guaidó.
“Ese evento electoral del 20 de mayo en el cual Maduro se está basando para continuar en el poder no cumplió con ningún acuerdo internacional ni con estándares de integridad electoral que están previstos en acuerdos y tratados”, dice el abogado Rafalli.
“Sabemos que hubo partidos ilegalizados, candidatos a los que no se les permitió participar, una fecha fijada alevosamente para que no hubiera competitividad, imposibilidad de actualizar el registro electoral y de facilitar el voto fuera, es decir, hay una serie de indicadores clave que no se cumplieron”.
Ante una situación de esta naturaleza deben pronunciarse el Tribunal Supremo de Justicia --el árbitro judicial-- y el Consejo Nacional Electoral --el árbitro electoral--, pero ambos son controlados por Maduro, por lo que, de acuerdo a Rafalli, “no funcionan para legitimar los poderes públicos, sino que hay una manipulación de los actores de poder para mantenerse sobre la base de una institucionalidad secuestrada”.
¿LA OPOSICIÓN HA VUELTO A FORTALECERSE?Aunque 2017 se caracterizó por confrontaciones contra el gobierno desde las calles, 2018 se definió por la fragmentación del bloque opositor.
Sin embargo, ahora pareciera que la oposición se ha reunificado y ha decidido apoyar a Guaidó, un político de 35 años que a diferencia de otros opositores como Leopoldo López es un rostro nuevo para confrontar al poder.
Y mientras para algunos tiene poca experiencia y un discurso en ocasiones ambiguo, otros lo ven como un constructor de consensos y un gran organizador.