México, país de huida de la migración, pero no de refugio, señalan El Siglo de Torreón
México se ha convertido en un país de huida, pero no de refugio, pues es el primer recurso para que personas desplazadas por violencia tengan una mínima protección legal, aseguró la investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Alista Winton.
En su trabajo “Desplazamiento por violencia: una cuestión de justicia social”, publicado en la página de dicha institución, la estudiosa de los fenómenos migratorios comenta que para obtener esa protección legal, la situación de los centroamericanos se complica porque México ha priorizado lógicas de “securitización” para la gestión de la frontera.
Por lo anterior, Alista Winton aseguró que la población desplazada por violencia debe considerarse como un grupo vulnerable al tener que moverse de manera no planeada y bajo condiciones de alto riesgo.
Pese a esa situación, apunta, el número de solicitudes de asilo otorgadas en México es pequeño frente a las cifras de deportación.
“Las políticas migratorias, en general, siguen siendo una barrera para el bienestar de las personas desplazadas”, señaló.
La especialista enfatizó que el problema no es el hecho de moverse, sino las condiciones en que ocurre, por lo que la migración, en vez de verse como un asunto de seguridad nacional, debe entenderse como una cuestión de justicia social.
Consideró que en los gobiernos anteriores no hubo interés político en hacer que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tenga la capacidad de responder a la creciente demanda y complejidad de casos que recibe.
Además, la gestión en general giró en torno a una categorización política migrante-refugiado que resulta anticuada y desconectada de la realidad.
De acuerdo con la experta, aunque la mayoría de los migrantes ingresan al país con el propósito de llegar a Estados Unidos, hay algunas que aunque quieren quedarse en México, siguen su camino hacia el norte al no encontrar las mínimas condiciones de seguridad y bienestar en territorio mexicano.
Por ello, insistió en su análisis, la solución no está en el endurecimiento de las fronteras y la persecución, sino en nuevas políticas integradas a la protección de derechos que den cuenta de la situación de desprotección y de las nuevas realidades en las que se encuentran las personas desplazadas.
La protección no implica asistencialismo, sino apoyar las capacidades y estrategias de quienes tienen que desplazarse, en vez de atarles las manos, de tal manera que tanto el Estado como las políticas públicas son parte fundamental del problema como de la solución, puntualizó.
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