Piden apoyar a cientos de desplazados en Chiapas El Siglo de Torreón

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Gobierno de Chiapas, la Fiscalía General de la entidad y a los municipios de Chenalhó y de San Cristóbal de las Casas, por el de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) de 971 personas de la etnia tzotzil.
En el documento, el organismo solicita diseñar e implementar un programa de reparación colectiva para brindar a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, así como herramientas y medios para restablecer sus medios de subsistencia, además de brindarles atención médica y psicológica.
La recomendación surge luego de que las autoridades no garantizaron la seguridad de los afectados ni previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos que provocaron la destitución de la entonces presidenta municipal de Chenalhó.
De acuerdo con la CNDH fueron vulnerados los derechos a la seguridad personal, a la libertad de circulación y residencia, el derecho a no ser desplazado forzadamente, a la propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda inmediata y a la alimentación.
Así como a una vivienda adecuada, educación, al trabajo, atención médica y protección a la salud, de acceso a la justicia y al interés superior de la niñez, ya que entre las 971 personas se encontraban 470 niños y adolescentes.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo de 2016, en la toma de protesta del presidente municipal sustituto de Chenalhó se registraron desacuerdos y enfrentamientos armados.
Derivado de ello vinieron agresiones que motivaron a 971 personas de la etnia tsotsil a abandonar sus propiedades; 274 de esas víctimas que apoyaron al nuevo presidente municipal se refugiaron en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.
En tanto que 121 personas, sin saber a quién apoyaban, se resguardaron en un salón de fiestas ubicado en el vecino municipio de Pantelhó; en esos lugares recibieron alimentos y ayuda de autoridades del gobierno estatal.
Ante el riesgo y vulnerabilidad en que estaban las personas desplazadas, el 29 de mayo y el 1 de junio de 2016, la CNDH solicitó medidas cautelares para que se garantizara a las víctimas la satisfacción de sus necesidades básicas, se les brindara protección y resguardo, y se realizaran las acciones para solucionar esos hechos de violencia.
Tiempo después, el 22 de febrero de 2017, personas armadas llegaron a la cabecera municipal de Chenalhó y tomaron la Casa de la Cultura, por lo que nuevamente las familias huyeron, esta vez hacia una colonia de San Cristóbal de las Casas.
Por ello, la CNDH además de solicitar un programa de reparación colectiva, también pide realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas del desplazamiento que salieron de su domicilio desde mayo de 2016 y un diagnóstico que evidencie su situación actual.
Así como diseñar e implementar una campaña de información para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para protegerlos, e implementar de manera coordinada con ese municipio un protocolo de seguridad operado por las fuerzas del orden.
La Comisión destaca que es necesario un programa de acceso a viviendas del que puedan beneficiarse las personas desplazadas, el cual les permita vivir en condiciones de dignidad en tanto retornan a sus hogares; lo mismo programas de subsistencia, atendiendo a sus habilidades y conocimientos.
Otras peticiones que forman parte de la recomendación son: hacer un diagnóstico en todo el estado para evidenciar las causas del desplazamiento, los impactos en la población y las necesidades inmediatas de esas personas, así como informar a la Procuraduría Agraria sobre la situación de desprotección y posibles afectaciones que han sufrido las tierras ejidales y/o pequeñas propiedades abandonadas por los desplazados.
También solicita que la Fiscalía General realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados y colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que corresponda ante la Visitaduría Ministerial de esa Fiscalía, para que determine las responsabilidades en este caso.
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