Aspirantes a fiscal general piden ser escuchados en el Senado El Siglo de Torreón
11 de Enero, 2019 18:42
De los 27 aspirantes a Fiscal General de la República que fueron considerados como elegibles en el dictamen de la Comisión de Justicia, ocho han solicitado ser recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila.
Así lo confirmó en entrevista el propio Monreal, también coordinador de Morena en el Senado, quien detalló que estas personas (cuyos nombres no reveló), serán recibidas, tal como se había propuesto: que los aspirantes fueran escuchados.
Explicó que estas personas lo han buscado, con independencia del trabajo legislativo que está pendiente en esta materia y que consiste en sacar una lista de 10 nombres (a partir de los 27 considerados como elegibles por la Comisión), tal como señala la ley.
Confirmó que en el Senado “no sabemos cuál será la terna” que envíe a partir de esa lista el presidente de la República, pues esa es facultad exclusiva del Ejecutivo federal y por lo tanto “no nos metemos en eso”.
En otro tema, Ricardo Monreal descartó cualquier tipo de colapso económico a causa de la falta de combustibles o su mala distribución en algunos puntos del país, como lo ha señalado el sector empresarial.
Además, reiteró el respaldo absoluto de su partido en la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con el robo de combustible, aunque reconoció que esta labor puede implicar un costo político y de popularidad.
“El presidente de la República creo que llegó para gobernar, no para conservar un nivel de popularidad.
En este tipo de decisiones, de combate a la corrupción, estoy seguro que el presidente va a pagar con gusto en su lucha contra la corrupción, aún a costa de su popularidad”, afirmó.
Monreal Ávila reconoció que en gobiernos que han llegado al poder con niveles tan altos de aprobación como el actual, este tipo de medidas pueden generar costos en términos de popularidad.
Sin embargo, dijo, el presidente López Obrador tomó este riesgo, porque de no hacerlo, el robo de combustibles significaría un costo de 90 mil millones de pesos anuales para el país.
"Estamos en el momento de mayor tensión en este tema.
Las bandas criminales están saboteando con la intención de que el gobierno ceda, o bien retroceda en su estrategia para seguir robando el combustible", advirtió el legislador morenista.
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