Policías tumban evaluaciones con amparos Frontera.info

Durante la Administración de Francisco Vega De Lamadrid, el Centro Estatal de Control de Confianza (C3) ha realizado casi 11 mil evaluaciones a elementos de las corporaciones policiales en el Estado.
Los resultados de estas evaluaciones pueden reafirmar la confiabilidad de un agente para permanecer en su puesto o puede ser parte de los argumentos para retirarlo del cargo y en el peor de los casos, despedirlo sin ninguna prestación.
A través de amparos y juicios de nulidad, elementos de distintas corporaciones han logrado evitar su cese del cargo cuando las evaluaciones no les son favorables y se pone en riesgo su fuente de trabajo.
La mayoría de los casos, asegura Antonio Navarrete Castillo, no son por delitos o falta de probidad de los agentes, sino por requisitos de nivel de estudios, condición física o alguna discapacidad.
El presidente de la Fraternidad Policiaca de Mexicali agrega que la mayoría de los agentes que no acreditan los exámenes bajo estos criterios, son elementos con una antigüedad cercana al retiro y a las pensiones.
“Se utilizan con fines políticos”, comenta.
De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), 181 elementos de la Policía Municipal de Mexicali no han acreditado los exámenes de control de confianza hasta el mes de octubre de este año.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana es la que mayor número de elementos reprobados en estas evaluaciones tiene, seguido de la propia SSPE a través de la Policía Estatal Preventiva, con 205 elementos no acreditados.
Las resoluciones de los amparos indican que los Juzgados de Distrito y el Tribunal Contencioso Administrativo han encontrado deficiencias en las formas en las que se pretende dar de baja a los agentes y la falta de certificación del C3.
Medio centenar de amparos aún continúan su proceso.
Al día de hoy, al menos 11 han sido favorables para el Centro y otros 10 a favor de los agentes amparados, de acuerdo a información del propio C3.
Otros 76 recursos similares han sobreseídos o desistidos.
La Policía de Tijuana es la que más ha interpuesto recursos, actualmente con 19 en proceso, seguidos de 14 amparos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 12 de la Policía Estatal Preventiva.
En Mexicali hay 7 amparos en curso, de acuerdo a C3.
Sin embargo, abogados que llevan a cabo estos procesos ante los tribunales aseguran que en los últimos cuatro años han manejado hasta 180 casos, muchos de ellos del 2017.
Reponer la evaluación, fallo más común: C3 El inicio de los juicios de amparo o nulidad por parte de los agentes evaluados, responde más al procedimiento para removerlos que a la propia evaluación de control de confianza, aseguró la directora del C3, Brenda Valdez Jaramillo.
En los casos en los que los Juzgados de Distrito han dado el fallo a favor del agente evaluado, se ha ordenado solamente la reposición de los exámenes y el C3 funciona como involucrado en el proceso de amparo.
Desde que se iniciaron las evaluaciones obligatorias a los agentes de seguridad pública, el C3 ha realizado 25 mil 964 evaluaciones a personal operativo y administrativo, así como 20 mil 521 a aspirantes a diversas corporaciones.
En noviembre se practicaron 373 evaluaciones.
Para el avance de este año, Tijuana es la que más atraso lleva, con un 48% de la meta en el año, mientras que Mexicali cuenta con un 84% del avance y las corporaciones estatales con un 80%.
El avance general de evaluados es del 98.
9%, explicó Valdez Jaramillo.
En los casos de agentes no aprobados que interponen amparos, el C3 entrega un expediente parcial de la evaluación, pues la Ley General de Transparencia impide revelar algunos documentos sobre los procedimientos de evaluación, comentó.
“La mayoría de las resoluciones van en el sentido de reponer el procedimiento, porque la Ley no nos permite revelar algunos documentos, por eso hay que volverse a evaluar, es el fallo más ordenado más recurrente ordenado”, dijo la directora del C3.
Valdez Jaramillo dijo que actualmente se trabaja una reforma en el Senado para que algunos agentes cesados por estos motivos se vuelvan a integrar y algunos abogados han comenzado a explotar esta área de oportunidad que la Ley les ha permitido.
“Se requeriría de alguna reforma para hacer contrapeso”, comentó.
Problema de fondo y forma Para Luis Joan Pérez Jiménez, coordinador jurídico de la Fraternidad Policiaca de Mexicali, el problema con las evaluaciones policiales es el uso político que se les ha dado, sobre todo para despedir a agentes que se encuentran a unos años de su edad de retiro.
En unos 15 casos, dijo, las evaluaciones, cuyos resultados no les permiten ver, fue por presentar certificados de Preparatoria inválidos, emitidos por una Preparatoria que no contaba con el registro de validez oficial de estudios.
“No fue dolo de los agentes”, comentó.
En los casos donde las evaluaciones psicológicas los han desaprobado, los agentes son enviados a separos o resguardo de lugares públicos, sin acceso a armas de fuego.
A los documentos que han tenido acceso es a la narrativa donde se justifican los resultados y se elabora una hipótesis de la pérdida de confianza y filtros de seguridad por su manera de alimentarse y el consumo de alcohol o alguna droga.
Cuando un oficial es notificado de los resultados de sus evaluaciones, tiene 15 días hábiles para interponer un recurso antes de que se inicie el procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia, que funciona como juez y Parte.
“El amparo es contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Cabildo, el alcalde, el director de Seguridad Pública Municipal, la Oficialía Mayor, la Secretaría de la Comisión de Honor y Justicia y de la propia Comisión”, dijo.
Al inicio del procedimiento, los jueces requieren de toda la documentación disponible, y varios de los amparos se ganaron al principio porque se violentaban las formas del procedimiento, al no entregar copias a los agentes o documentos incompletos a los Juzgados.
Falta de certificación, motivos políticos Otros casos que se ganaron por parte de los agentes fueron debido a que el C3 no estaba certificado ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, como lo marca el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Al menos no lo acreditaban ante la autoridad federal, a pesar de que tienen varias etapas para hacerlo”, señaló Pérez Jiménez.
“Por esto vemos que hay problemas con las formas y el debido procedimiento; sus evaluaciones quedaron sin validez”.
“Actualmente son más transparentes, no como la anterior dirección, el C3 ha evolucionado y eso lo reconocemos, anteriormente los agentes ya iban con recomendación de aprobar o no aprobar, sobre todo con la gestión de (Daniel) de la Rosa Anaya”, comentó.
A pregunta expresa, dijo considerar que las evaluaciones están siendo utilizadas con motivos políticos, a otros por no permitirles la jubilación, pues están optando por cesar a agentes que tienen, por lo menos, 18 años de antigüedad en la Policía.
La Comisión de Honor y Justicia tiene hasta dos años para integrar los expedientes del procedimiento, pero comentó que regularmente no llegan a ese tiempo.
Entre los avances que señaló han logrado, es el de evitar la suspensión del agente mientras no exista sentencia fija.
Calculó que cerca de 30% de los casos que han atendido sobre agentes cesados es por delitos o antecedentes viejos y homónimos, otro 30% por el aspecto socioeconómico, como el nivel de estudios o sus ingresos, y un 40% de reprobados en el aspecto psicológico.
En un porcentaje mínimo son por cuestiones físicas o de salud, quienes en automático han perdido el requisito de permanencia.
No debe ser manejada por la políticaEl ex comandante de la zona Poniente de Mexicali y presidente de la Fraternidad Policiaca de Mexicali sugirió que el C3 debe de ser una entidad autónoma que no sea manejada por la política.
En el caso de las evaluaciones de las que se amparan, puntualizó que se trata por los problemas de fondo y forma que implica que el C3 no esté certificado o no lo haya acreditado, además de las formalidades de un proceso para cesar a un agente, respetando sus derechos.
Señaló que los agentes que han comenzado a ser evaluados negativamente son los que se encuentran a unos años para jubilarse.
“El C3 es una cuestión política, sobre todo cuando estaba (Daniel) de De la Rosa, es un arma no sólo para policías sino también para Gobierno; debe ser una entidad autónoma que no dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y que no se maneje por la política”, agregó.
“Los asuntos que hemos ganado es porque los órganos jurisdiccionales se dan cuenta de las aberraciones de la Sindicatura, que dice que es porque el C3 los reprobó”, enfatizó.
“Honestamente ¿Con eso ha bajado la corrupción? Esa es la pregunta, claro que no”.