Fiscal carnal en Veracruz enfrenta solicitudes de juicio político El Siglo de Torreón

Ante el Congreso de Veracruz, han sido presentadas siete solicitudes de juicio político en contra del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Manuel Pozos Castro, informó que cada una de la denuncias será analizada para determinar si procede el juicio político.
"El Congreso tiene la obligación de revisar y de aplicar y hacer que se aplique la ley, absolutamente en toda su justa dimensión.
Veracruz ya no puede permitir que no se esté dando cumplimento", dijo.
El legislador expresó que las solicitudes han sido presentadas por abogados, ex funcionarios estatales que consideran que el fiscal violó la ley y debe ser destituido del cargo.
Winckler Ortiz, abogado de la familia Yunes Linares, llegó a la fiscalía a finales de 2016 luego de que por presiones políticas renunció el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.
El actual fiscal manifestó públicamente ser amigo de Yunes y ha sido duramente criticado por colectivos de desaparecidos, empresarios, organizaciones sociales y civiles por su desempeño.
El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, afirmó hoy que mientras Winckler siga al frente de la Fiscalía no habrá justicia en contra de ex funcionarios duartistas que cometieron irregularidades.
Insistió que se cuenta con pruebas de las negociaciones de la Fiscalía General del Estado con funcionarios ex duartistas, por lo que insistió en que el fiscal Jorge Winckler debe dejar el cargo.
"El Fiscal se tiene que ir porque si no, no se podrá hacer justicia, porque si no va de nada va a servir poner denuncias a los ladrones, a los secuestradores, a quienes estén cometiendo delitos, bajo el pretexto de que no pudo".
Acusó que los arreglos consistían en acusarlos de un delito no grave para que los funcionarios puedan salir de la cárcel mediante el uso de estrategias legales.
"En un audio que se dio a conocer hablan del monto de 500 millones de pesos, los abogados dicen que están dispuestos a negociar, entonces regresan las casas".
Aseguró que con la salida del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, de la cárcel hay una violación grave a los derechos de las víctimas.
"Estaba negociando, es lastimoso, es corrupción, cómo va a ser posible que alguien que está señalado por las madres de desaparecidos, por el caso Tierra Blanca, estuvieron involucrados policías, el mando era Bermúdez Zurita, ahora lo liberan".
Más información en El Siglo de Torreón