Consulta a pueblos, indispensables para obras como Tren Maya El Siglo de Torreón

La continuidad o cancelación de proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la presa de Tres Cruces en Nayarit, o el Tren Maya, debe considerar la consulta y participación de los pueblos originarios, a fin de garantizar que no se vulneren sus derechos.
El representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, afirmó lo anterior en el marco del X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina.
Durante su intervención, subrayó que la solución de conflictos socioambientales, tanto a nivel coyuntural como estructural, siempre tienen que ser bajo una perspectiva o enfoque integral de derechos humanos.
Recordó que en México existen tres procesos que ocurren con frecuencia creciente y que sin duda están indisolublemente conectados: los conflictos socioambientales, la multiplicación de las resistencias ciudadanas y el aumento de la violencia ambiental.
En ese sentido, consideró que para atender los conflictos socioambientales “es necesario que las decisiones y los proyectos se planteen de abajo hacia arriba”, incorporando los derechos humanos de las comunidades y pueblos originarios.
Aseguró que con su experiencia en el INAI, ha podido identificar que en los hechos el acceso a la información, la transparencia y la cooperación son necesarias para "atajar" los conflictos que afectan a las comunidades.
Por ello, consideró que la consulta ciudadana que se realizó para el proyecto en específico del Tren Maya, “no puede sustituir las que se tendrán que realizar obligatoriamente en los territorios de los pueblos originarios antes del inicio de la construcción de este proyecto y otros que se pretendan realizar”.
De hecho, explicó que representantes de pueblos originarios, así como múltiples organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se pronunciaron y movilizaron sobre el tema.
Sobre todo porque previo al proyecto debe existir información profunda, así como un estudio del impacto ambiental, cultural y social que tendrán las obras, en tanto que las comunidades deben estar involucradas en todas las etapas del proceso.
En ese sentido, “algo fundamental que muchas veces nos olvidamos en México, es que la información tiene que estar en su idioma”, ya que muchas veces los pueblos originarios afectados no hablan español.
Recordó que la ley general de transparencia prevé que se hagan los ajustes para que los potencialmente afectados reciban la información del proyecto que los afectará en su idioma.
Solamente así, y con estricto apego a los derechos humanos, se puede lograr que los beneficios sean para todos y simultáneamente se pueda cuidar la sustentabilidad de los recursos, aseguró.
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