Dispersan fondos a más empresas El Siglo de Torreón

Los desvíos hacia el PRI se realizaron por más empresas de las que ya han sido señaladas.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que los prestanombres son accionistas de más compañías que fueron utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales.
Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos.
Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.
Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.
Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta en Santander de Despacho de Profesionistas Futura, S.
A de C.
V, por un software que nunca entregó.
Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora Invelco.
Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres.
La accionista de Futura es la esposa del ex policía del Estado de México José Juan Saliano González, arrestado en octubre de 2016 por robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos, una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.
SEÑALAN A ALEJANDRO GUTIÉRREZ Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial en que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
"Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad", señaló en su testimonio.
Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.
Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018.
Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.
En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila.
En el caso del Edomex no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos.
Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal.
En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500 por ciento para Chihuahua, 22 para Colima y 12.
7 para Durango.
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