Informe anual de EU sobre DH en el mundo, el caso de México Entrelineas

 El informe anual sobre derechos humanos en el mundo emitido este lunes por el Departamento de Estado no detectó “cambios significativos en la situación de derechos humanos en México”, antes de detallar una larga lista de abusos y violaciones de derechos incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura por fuerzas oficiales, problemas con la independencia del poder judicial, violencia contra periodistas y violencia con base en género.

“El gobierno generalmente tomó pasos creíbles para identificar y castigar a oficiales que podrían haber cometido abusos de derechos humanos”, afirma el informe en un resumen sobre la sección de México de unas 58 páginas. Pero el informe ofrece una evaluación muy detallada de ejemplos específicos de oficiales gubernamentales a nivel nacional y local que cometieron delitos y quedaron impunes. Por ejemplo, después de ofrecer detalles sobre los arrestos y liberación de personas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el informe concluye que “hasta noviembre [2023], ningún sospechoso ha sido condenado por su involucramiento”.

El informe anual requerido por el Congreso desde 1977, ofrece capítulos detallados sobre casi todos los países del mundo, pero no somete a calificación los derechos humanos dentro de Estados Unidos. Por cierto, al presentar el informe este lunes, Robert Gilchrist del Buró sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, señaló en conferencia de prensa que el presidente Jose Biden ha enfatizado la importancia de que este país “cumpla con sus propios derechos humanos”.

Pero a fin de cuentas, este es un documento político. El secretario de Estado Antony Blinken, en su introducción escrita al informe, resalta los abusos de derechos humanos en Rusia, Sudán, Irán, China y Cuba y lo que llaman el conflicto Israel-Hamas. Sin embargo, un lector tiene que proceder a secciones específicas del informe para descubrir “numerosos reportes” de “matanzas ilegales” por el gobierno de Arabia Saudita o los”asesinatos extrajudiciales” del gobierno de India, ambos aliados de Washington, todo lo cual no es resaltado por el secretario de Estado.

En su introducción por escrito, Blinken sí optó por enfatizar “los avances en la implementación de reformas laborales en México, donde trabajadores están superando obstáculos para organizarse y empezar a mejorar condiciones laborales”. La sección sobre México agrega sobre este rubro que “el gobierno continuó fortaleciendo las protecciones a la libre asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de la negociación colectiva de los trabajadores”.

La sección sobre México también incluye una evaluación de la actuación de parte del gobierno: “Hubo varios reportes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios e ilegales, incluyendo asesinatos extrajudiciales, durante el año”. Después de señalar que la tortura está prohibida por la ley federal en México, el informe afirma que “la impunidad por tortura prevaleció entre las fuerzas de seguridad”.

Una gran parte de la sección sobre México se centra en si el gobierno mexicano investiga, fiscaliza y condena a personas dentro y fuera del gobierno que violan los derechos humanos y, tras indicar que existen “numerosos” reportes de desapariciones por grupos delictivos, el informe dice que las “condenas de los delitos de desapariciones forzadas eran infrecuentes”.

La sección evalúa el papel del poder judicial, señalando que a pesar de la independencia de ese poder bajo la ley, decisiones de tribunales fueron susceptibles a influencia inapropiada de entidades tanto privadas como públicas, particularmente a nivel estatal y local, como también por organizaciones criminales trasnacionales”. Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador “verbalmente ha atacado al poder judicial, particularmente la Suprema Corte” y que mítines públicos han incluido la quema de la efigie de la juez Norma Piña. No obstante, el informe concluye que “la ley otorga el derecho a un juicio imparcial y público, y el poder judicial generalmente hizo valer ese derecho”.

Otro rubro amplio de la sección sobre México se enfoca en la libertad de prensa y los medios, lo cual evaluó que el gobierno mexicano “generalmente respetó”. Pero agregó que “el gobierno continuó ejerciendo presión significativa por ser una fuente de ingresos de publicidad para muchas organizaciones de medios, lo cual a veces influyó la cobertura”. Agrega que “altos niveles de impunidad, incluyendo asesinatos o ataques sobre periodistas, resultaron en auto-censura y una reducción de la libertad de expresión y la prensa”.

El Departamento de Estado también señaló en este mismo rubro que “la desacreditación oficial de trabajadores de medios continuó. Políticos, incluyendo el Presidente López Obrador, públicamente descalificó y criticó a tales periodistas, presentándolos como parciales, partisanos y corruptos”. El informe ofrece una lista de periodistas muertos o que se supone están muertos durante el último años, incluyendo el corresponsal de La Jornada, Luis Marín Sánchez Íñiguez, quien fue encontrado sin vida en Tepic, Nayarit, en julio del año pasado.

La sección también aborda “conflictos sobre tierras, violencia social y étnica, u otras disputas políticas locales” como razón por el desplazamiento forzado de personas. Indica que hubo 386 mil personas desplazadas por estos motivos, según ONGs, y que los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas en conjunto tenían el 90 por ciento de los casos de personas desplazadas por violencia.

Finalmente, el informe, señalando que la ley nacional aplica penas por corrupción oficial, concluye que “el gobierno generalmente aplicó esa ley efectivamente, pero hubo barios informes de corrupción gubernamental”.

Al emitir el informe, el secretario de Estado Blinken fue preguntado por reporteros si Estados Unidos tiene una doble criterio en torno a los derechos humanos, dada la critica pública de acciones rusas en Ucrania comparadas con las mucho más leves de las mismas en Gaza por Israel. “No, aplicamos el mismo criterio a todos, y eso no cambia si el país es un adversario, un amigo o un aliado”. {El informe se puede consultar en: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/].

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