Sugieren expertos perseguir finanzas del crimen El Siglo de Torreón

Fortalecer el combate a las estructuras financieras del crimen organizado, garantizar los 58 bienes y servicios a los ciudadanos establecidos por la ONU para evitar que los cárteles sigan controlando territorios, así como una profunda reforma político-electoral para auditar a partidos y candidatos, son algunas de las recomendaciones en materia de seguridad que expertos hicieron al próximo gobierno que encabezará, Andrés Manuel López Obrador.
Durante el Foro sobre Seguridad Humana y Gobernanza, organizado por el Instituto Nacional para la Competitividad (Imco) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Ricardo Buscaglia consideró que el capital de López Obrador se tiene que traducir en acciones de política de Estado audaces, como la implementación de una reforma electoral, y la creación de una ley antimafia similar a la de Italia y Colombia.
"Si el presidente está dispuesto audazmente a gastar su capital político para impulsar estas medidas que no se pudieron impulsar con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no seguirá en una condición de gravedad", aseguró Buscaglia, director de la organización Acción Ciudadana.
Afirmó que para reducir la violencia y los niveles de delincuencia que afectan actualmente a México, siempre se empieza con una reforma político-electoral, así lo hicieron Italia y Colombia, dijo.
"Las instituciones son un sistema de reglas que generan incentivos para atraer delincuentes o gente honesta.
Las instituciones electorales mexicanas que se rigen por listas cerradas, dedazos en la asignación de precandidaturas, ausencia de auditorías a los dineros que llegan a candidatos y a los partidos, esto atrae a delincuentes a la política", indicó.
Ricardo Raphael, columnista de EL UNIVERSAL, expuso que "la clase política en México está ligada a redes criminales, si no, no estaría lo que está ocurriendo ahora.
No sabemos hasta qué nivel, no tenemos claro dónde están esos vínculos, pero lo sabemos por las sombras que van dejando y no habría este nivel de criminalidad si alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales, federales, y altas autoridades no tuvieran nexos", explicó.
Recordó que en 1996, cuando se realizó la reforma electoral, el ex presidente Ernesto Zedillo impulsó para que el financiamiento de los partidos fuese público; sin embargo, años después, "tenemos prueba abundante de que Fidel Herrera, Javier Duarte y Tomás Yarrington recibieron recursos de Los Zetas, está en los juicios de todas esas personas en Estados Unidos y por qué la PGR no ha hecho nada".
El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza, comentó que los cambios deben empujarse desde la sociedad civil organizada, que muchas veces ha sido denostada por las autoridades.
"Veo que si el reto es cortar el dinero de la mafia que entra a la política, coincido en que estamos inmersos en unas redes dónde la política y la delincuencia están vinculadas, tenemos que cortar eso y lo que veo es que en el mediano plazo no hay una iniciativa de reforma político-electoral por parte del gobierno entrante, por lo que tiene que ser la sociedad civil la que se una y tendríamos que hacer contrapeso, para que se pueda dar", señaló.
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