Miente asesor jurídico para no llevar a audiencia a supuesta víctima Diario.mx

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control multó con 8 mil 060 pesos y ordenó que se inicie una investigación en contra del asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, Héctor Manuel Vargas Barrigas, al estimar que mintió para no presentar a una supuesta víctima a una audiencia instruida a siete presuntos integrantes del grupo criminal “La Línea”.
Los arrestados fueron acusados de narcomenudeo, portación de armas de fuego y privación de la libertad, esta última conducta al parecer desplegada en contra de la mujer que no fue presentada por Vargas a la diligencia.
Los procesados son Kevin Yael Díaz, Víctor Delgado Gallegos, César Adrián Arango López, Ángel Hugo Meza Sosa, Ismael Gallegos Domínguez, Christian Iván Amparán Lozano y Ernesto Calderón Méndez.
Aunque la víctima –identificada como Mónica– no rindió declaración y la defensa presentó a cuatro testigos que señalaron que ella nunca estuvo retenida, por el contrario tenía una relación sentimental con uno de los ahora arrestados y vivía en el inmueble, el juez de Control Ramón Porras Córdova sí vinculó a proceso a los siete hombres por los delitos de privación de la libertad y narcomenudeo.
En el parte informativo elaborado por los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) División Fuerzas Estatales se registró que el pasado 20 de agosto a las 20:00 horas Mónica los interceptó para denunciar que ella y su hijo estaban retenidos en un domicilio ubicado en la calle Abeto número 316 de la colonia La Postal por parte de siete sicarios.
De acuerdo con el informe, a Mónica la amenazaron con matar a su hijo si huía del lugar y era obligada a realizar labores domésticas.
El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado estableció que Mónica y su hijo estuvieron privados de su libertad del 5 al 20 de agosto.
Sin embargo, la madre, la tía y dos amigas de Mónica señalaron que ella era novia de uno de los detenidos y voluntariamente se fue a vivir a esa casa.
Además la mamá de Mónica preciso que el niño estaba a cargo de ella y el 20 de agosto el papá del menor lo entregó a Mónica para no ir hasta su domicilio en la colonia Kilómetro 30 y ese día ella iba a pasar por el pequeño.
La tía de Mónica refirió que la vivienda de la calle Abeto es de su propiedad y Amparán Lozano se la iba a comprar.
También precisó que en ese domicilio entraban y salían personas y seguido realizaban fiestas a las que su sobrina –quien es consumidora de droga– acudía.
Una de las amigas dijo que Mónica se juntaba con ella y seguido se veían para drogarse mientras los hijos de ambas jugaban.
Extraoficialmente trascendió que los elementos de la CES “reventaron” la casa porque una mujer de apodo “La Madre” denunció que ahí vendían cocaína.
Esta persona al parecer le compraba droga a uno de los ahora arrestados y le quedó a deber unas dosis.
Al entrar sin orden de cateo los elementos de la CES localizaron dos kilos 362 gramos de mariguana, dos armas de fuego calibre 9 milímetros, una con 15 cartuchos útiles y otra con 16, así como a Mónica y su hijo.
Presuntamente a la mujer la obligaron a firmar un parte informativo en el que se redactó que estaba privada de su libertad junto al menor o de lo contrario, le advirtieron, le iban a quitar al niño.
La defensa legal de los acusados pidió la comparecencia de Mónica y el juez Porras Córdova ordenó que la presentaran el día de ayer.
Pero el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito de la Zona Norte, Héctor Manuel Vargas Barrigas, le respondió al juez que esa dependencia no contaba con datos para localizarla.
El juez le preguntó ayer a la agente del MP a cargo del caso si era cierto que no hay datos para localizar a Mónica, y la fiscal respondió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la tiene bajo su resguardo en un hotel.
La familia de la mujer le señaló al abogado defensor que ella continúa bajo vigilancia de agentes y no les permiten verla.
Después de escuchar lo anterior, visiblemente molesto, el juez multó al funcionario público con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) –equivalentes a 8 mil 060 pesos– al considerar que incurrió en un desacato a su autoridad y ordenó a la fiscal que inicie una investigación en contra de Vargas Barrigas y en un plazo de 72 horas le notifique el avance en la integración de esa carpeta.
Al final el juez dictó auto de vinculación a proceso por narcomenudeo y privación de la libertad.
Respecto a las armas dijo que la MP primero acusó por portación y después por posesión y por ello no podía vincular a los acusados.
Sobre los testigos de la defensa, el juez no les dio valor debido a que consideró que no precisaron fechas, ni direcciones y una de ellas carecía de identificación y presentó una carta expedida por el Gobierno municipal pero de fecha antigua y muy maltratada.
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