Nuevo Consejo Ciudadano de la Defensoría busca tratar con autoridades temas urgentes de acceso a la justicia E-Oaxaca

Oaxaca.
- El nuevo Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos humanos del Pueblo de Oaxaca solicitará a la Fiscalía General del Estado una reunión para conocer las acciones que ha implementado esa instancia en materia de protección al derecho de acceso a la justicia de las mujeres, así como del derecho de éstas a una vida libre de violencia.
Además, las y los integrantes de ese órgano colegiado de la Defensoría acordaron solicitar otra reunión de trabajo con integrantes de la LXIII Legislatura para tratar con ellos el tema de la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, principalmente a las afectadas por violencia debido a motivos de género.
Además, las y los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría recibieron la propuesta del presidente del Consejo y titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, a fin de buscar una reunión con el titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de presentarle sus propuestas para reforzar el funcionamiento del organismo público defensor de los derechos humanos en la entidad.
Durante la sesión del Consejo Ciudadano de la Defensoría, realizada el martes 7 de agosto último, sus integrantes –Flor del Carmen Cuevas Robles, Yarib Hernández García, Úrsula Hernández Rodríguez, Emilio de Gyves Montero, Felipe López Hernández, Bernardo Rodríguez Alamilla y el Defensor Arturo Peimbert Calvo– coincidieron en la urgencia de atender el tema de los feminicidios en el estado, pues lo que caracteriza a la entidad en este sentido es la impunidad respecto a los casos, es decir, que se dificulta el acceso pleno a la justicia de las mujeres.
Asimismo, durante su primera sesión pública, el recientemente nombrado Consejo Ciudadano se planteó la necesidad de que la Defensoría tome un papel aún más activo en materia de defensa y protección de los derechos humanos en general, pero sobre todo en los temas que generan una mayor conflictividad, por ejemplo, los conflictos agrarios y los feminicidios.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría convino en pedir información respecto al estado actual que guarda la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, pues esta instancia es fundamental para poder garantizar a las mujeres que sufren violencia a causa de su género, ya que dentro de la institución autónoma se han recibido diversas quejas relacionadas hacia las actuaciones de quienes conforman esa dependencia de la Fiscalía.
Además, el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos acordó realizar un informe especial sobre violencia feminicida en la entidad, pues coincidieron en que es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría indicó que la investigación del organismo analizará especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues en la entidad hay un 75% de impunidad en los casos de feminicidio, y recordó que la falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que trae un gran daño social, pues cada mujer asesinada deja a una familia en luto y desamparo.
En la sesión pública, quienes integran este nuevo Consejo Ciudadano nombrado el 15 de junio del presente año, acordaron asimismo pedir a la LXIII Legislatura estatal una reunión para dialogar sobre los avances en el proceso de la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pues es en la entidad es urgente que se legisle en materia de protección a personas victimizadas tanto por delitos como por violaciones a sus derechos humanos.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría acordó buscar las vías para establecer un diálogo con la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura, a fin de explicar a los diputados la urgencia de avanzar en un marco legal estatal que proteja a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.