Vinculan a proceso a ex coordinador de operaciones de Diconsa por desfalco a Segalmex Milenio
Un juez federal vinculó a proceso a Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de Operaciones de Diconsa, y quien fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos en agravio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Durante una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, juez de control, determinó que el Ministerio Público Federal aportó datos de prueba que hacen presumir que el imputado es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juzgador decretó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y fijó tres meses como plazo de investigación complementaria.
La semana pasada, el juez federal dejó en libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Diconsa, porque que consideró que no había elementos que hagan presumir que es probable responsable de los mencionados delitos.
Sin embargo, el juzgador sí vinculó a proceso a Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal Liconsa; Artemio Gutiérrez Rodríguez, quien era subjefe operativo de Diconsa en Querétaro; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa Servicios Integrales Carregín, y a Simón Escobar Copca, ex jefe de Almacén de Diconsa en Querétaro.
El juez ordenó la aprehensión de 22 personas por el desfalco al organismo, recursos que fueron destinados para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, las cuales no se entregaron.
Por su parte, el ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segrestre, promovió un amparo para evitar ser aprehendido y obtuvo una suspensión provisional, pero ésta no evita su detención, porque el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva de oficio.
Además, Gavira Segreste enfrenta dos procesos, uno de estos por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque en el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020, presumiblemente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
El otro proceso tiene que ver con el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque se cree que firmó la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa.
Lo anterior, según la FGR, le permitió que del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones con recursos públicos, violando lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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