Fiscal chileno expresa apoyo a víctimas de abusos sexuales de iglesia El Siglo de Torreón

Durante décadas los abusos de religiosos a menores de edad fueron un secreto a voces en el seno de la Iglesia Católica chilena, pero desde que el escándalo estalló hace unos meses la indignación ha corrido como dinamita y hoy no sólo El Vaticano busca respuestas, sino también la justicia de Chile.
Ahora la atención no sólo se ha volcado en los abusadores, sino en el fiscal que logró lo inédito: citar por primera vez a un cardenal a declarar en un proceso judicial como imputado en conexión con algunos casos.
En las medidas que desde hace casi dos meses ha tomado Emiliano Arias no hay titubeos.
El abogado chileno de 45 años ha sido firme en su trabajo y en junio atrajo la atención de la prensa por haber liderado una operación encabezada por la fiscalía y la policía para allanar la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago y la diócesis de OHiggins --en Rancagua, unos 80 kilómetros al sur de la capital-- en busca de documentos vinculados con presuntos abusos y eventuales encubrimientos.
Ahora, además de los 14 sacerdotes que investiga, sentará en el banquillo este 21 de agosto a Ricardo Ezzati, aún considerado el hombre más poderoso de la iglesia chilena.
En entrevista con The Associated Press, Arias fue contundente sobre su trabajo: “este caso no va a terminar en un archivo”.
“Va a terminar en una formalización y juicio o bien en un sobreseimiento, porque no se ha acreditado la responsabilidad penal de las personas”, aseguró.
Según un registro actual, en Chile hay 48 investigaciones vigentes con 104 víctimas --la mayoría niños, niñas y adolescentes-- y 68 investigados que incluyen a tres obispos, 31 curas, dos diáconos, 22 religiosos de congregaciones, ocho laicos cercanos a colegios y otros dos no precisados.
Los menores agredidos desde 1960 a la fecha son 266, según el Ministerio Público.
Empero, la cifra muestra sólo un pequeño número de agredidos, pues muchos --aunque hoy sean adultos-- prefieren callar o no tienen claro que fueron objeto de abusos, como sucedió en agosto de 2017 cuando exalumnos de maristas tomaron conciencia de que fueron violados luego de ver un programa de televisión.
En medio del escándalo, El Vaticano ha mencionado una y otra vez el famoso Informe Scicluna, un documento de más de dos mil páginas que fue elaborado a principios de este año por dos enviados de El Vaticano para recopilar testimonios de víctimas de religiosos y sacerdotes en Chile.
Cuando la situación apenas escalaba, el papa Francisco se negó a dar crédito a las denuncias --incluso durante un viaje que realizó al país sudamericano-- pero recientemente ha retomado la información del texto que debido a las críticas generadas por su postura él mismo pidió elaborar y ha condenado lo sucedido públicamente.
Sin embargo, para el fiscal Emiliano Arias esto es insuficiente.
“El Informe Scicluna no va a servir de nada si las personas no declaran”, afirmó aunque también reconoció su utilidad como antecedentes de la investigación.
Arias pareciera convencido de que puede prosperar en aquello en lo que las autoridades de la iglesia fracasaron.
Como otros fiscales que en años recientes han buscado un voto de confianza de la gente --Luisa Ortega Díaz en Venezuela o Thelma Aldana en Guatemala, reconocidas por su combate al abuso de autoridad y la corrupción--, él se dice determinado a trabajar en su favor.
“Esas personas que denunciaron ante ellos, que confiaron en ellos, en la justicia canónica, vengan y confíen en la justicia civil”, dijo aunque se reservó precisar a cuántos testigos ha entrevistado o planea entrevistar.
“Yo necesito las fuentes directas porque nuestro sistema acusatorio en el mundo civilizado se ha estimado como el mejor para producir una plena prueba, que en definitiva nos lleve a la condena”.
Desde sus oficinas, donde el egresado de la Universidad de la Santísima Concepción charló con la AP, dijo que él y su equipo se han preparado a conciencia para apoyar a las víctimas.
Sabe que muchas de éstas denunciaron varios años después de lo que les ocurrió siendo menores de edad y por ello tiene el respaldo de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y el contacto de una fundación que apoya, entre otros, a chilenos perjudicados por Fernando Karadima, un sacerdote católico que hoy se considera el peor pedófilo en la historia de Chile.
A pesar de que Arias lidera los esfuerzos para encarar la situación, incluso el presidente Sebastián Piñera se ha pronunciado sobre la impunidad de la iglesia en torno al tema y hace unos días dijo que espera que el papa Francisco --que ya tiene información sobre los abusos-- “tomé las decisiones que tiene que tomar”.
Arias se muestra enérgico en sus movimientos y se acerca más a su escritorio cuando se aborda un tema que le interesa.
Especializado en crimen organizado y narcotráfico, tomó a comienzos de 2018 su primer caso relacionado con 14 curas investigados por integrar una red de compra y venta de favores sexuales.
Y aunque estos casos se concentraban en OHiggins, Rancagua, algunos niños fueron abusados por el ahora cardenal Ezzati, lo que permitió que Arias extendiera su influencia hasta la capital chilena.
Este no es el primer caso de alto perfil en su carrera --antes estuvo involucrado en aquel que vinculó a la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet con delitos tributarios-- pero sin duda es el de mayores dimensiones: más allá de las indagaciones que ya realiza en O´Higgins y el Gran Santiago, el fiscal nacional Jorge Abbot lo facultó para indagar abusos ya prescritos y lo autorizó para coordinarse con todos sus colegas en el país.
“Puede que el hecho delictual no se sancione por estar prescrito, pero sí nos va a entregar a los investigadores un patrón de conducta que nos va a permitir llegar a un encubrimiento”, afirmó.
“Es un tema relevante de la investigación y estamos enfocados específicamente en eso: si es que la dilación generó prescripción y en consecuencia impunidad y en consecuencia favorecimiento a un malhechor”.
La velocidad que Arias pareciera imprimir a las investigaciones sobre abusos a menores por religiosos en Chile es inédita.
Antes de que se hiciera cargo del asunto todo quedaba en manos de las autoridades eclesiásticas y las denuncias de las víctimas eran ignoradas o tardaban demasiado en llegar a El Vaticano.
Tan sólo el antecesor del cardenal Ezzati, Francisco Javier Errázuriz, demoró más de tres años en canalizar testimonios al papa.
Por otra parte, los obispos se excusaban afirmando que según la ley canónica no estaban obligados a informar a la justicia ordinaria, y aunque hace poco declararon durante una asamblea extraordinaria que esta situación cambiaría, no han hecho más que admitir que fallaron en su deber de pastores y que muchas veces no reaccionaron a tiempo o nunca lo hicieron.
Ahora, asegura el fiscal, la justicia trabajará para que aquellos delitos no queden impunes.
“(En) la medida en que nosotros como autoridades civiles tengamos víctimas, no hay encubrimiento que valga”.
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