Represión en Nicaragua deja cuatro muertos; ya son 315 a la fecha El Siglo de Torreón

Las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega dejaron hoy cuatro nuevas víctimas, con lo que ascienden a 315 los fallecidos desde el 18 de abril pasado, en tanto el Episcopado llamó a reiniciar el diálogo nacional el próximo lunes.
La ciudad nicaragüense de León, en el occidente del país, fue escenario de lo que los detractores al Gobierno han bautizado como "Operación Limpieza", que consiste en una ofensiva armada ejecutada por las llamadas "fuerzas combinadas", integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, para remover bloqueos de caminos y barricadas.
En el barrio indígena de Sutiaba, en León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, los ataques dejaron cuatro jóvenes muertos, uno desaparecido y decenas de detenidos, según reportaron la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y el Movimiento Articulación Leonesa.
"Estamos ante una profunda crisis de violación de los derechos humanos.
Uno de los jóvenes heridos llegó a un centro médico con vida, pero le negaron la atención, lo que provocó su muerte", denunció el representante de ANPDH, Álvaro Leiva.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, hizo un llamado a los manifestantes opositores a levantar todos los bloqueos y que desalojen las calles "para contribuir a un clima favorable de paz y seguridad".
"Es conveniente hacerles un llamado a todos los que están en los tranques (bloqueos), a los jóvenes, a los adultos, a los padres, a las madres de esos jóvenes, que levanten los tranques, salgan de los tranques", instó Moncada, quien sostuvo que esas barricadas se han convertido en focos de crímenes y violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones destacan "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, y que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado.
Mientras la violencia continuaba, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) llamó al Gobierno de Ortega y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a reiniciar el diálogo nacional el próximo lunes con el fin de superar la crisis.
El Episcopado, que actúa como mediador y testigo del diálogo, citó a la mesa de Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral, no así a la de Justicia.
La Comisión de Verificación y Seguridad, integrada por 12 miembros, es la que se encarga de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país, y corroborar el cese de la violencia.
Bajo dicha comisión, los organismos crearon el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo el auspicio de la CIDH.
En la mesa Electoral se discutirá una propuesta de convocar a elecciones anticipadas para el 31 de marzo de 2019, algo que la Iglesia Católica le planteó al presidente Ortega en una reunión privada el 7 de junio pasado.
La propuesta sugiere que la toma de posesión de las autoridades elegidas popularmente sea el 15 de abril de 2019.
Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para el año 2021.
El Episcopado no explicó por qué la Comisión de Justicia no fue citada a la mesa de diálogo.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, que ha dejado 309 muertos y más de 2.
500 heridos, según el último reporte de la ANPDH, el martes pasado.
Desde entonces, las autoridades y los organismos humanitarios han confirmado al menos seis muertos más.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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