Enjuagues de la Conagua El Sur de Acapulco
Humberto Musacchio
La Comisión Nacional del Agua nuevamente está en entredicho. En 2015, su director general, David Korenfeld, fue pillado cuando empleaba un helicóptero de la institución para trasladar a su familia, pero como está prohibido que los funcionarios empleen recursos públicos para fines personales, el citado señor fue cesado y obligado a pagar 638 mil pesos.
El señor Korenfeld debió tener buenos amigos en la Secretaría de la Función Pública, la que intentó mantener en reserva por tres años el expediente del caso, algo que echó abajo el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Fue el caso más sonado de malos manejos dentro de la Conagua, pero no el único, pues ya en el presente sexenio, en septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador defenestró a seis subdirectores y nombró en su lugar a “gente preparada y que no pertenece a ningún grupo político o con intereses económicos”, o por lo menos menos eso supuso el mandatario. Los nombrados fueron:
Aarón Mastache Mondragón, como subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola; Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua; German Martínez Santoyo, subdirector general de Administración; Jacinta Palerm Viqueira, subdirectora general técnica; José Antonio Zamora Gayosso, subdirector general jurídico, y José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable y Saneamiento, en tanto que Blanca Elena Jiménez, “una profesional de primer orden”, fue ratificada como directora general.
Pero algo no funcionó, pues en junio de 2021 Jiménez fue designada embajadora en Francia y Martínez Santoyo llegó a la Dirección General. Semanas después, Jacinta Palerm dejó la Subdirección General Técnica. En su carta de renuncia recordó que había recibido su nombramiento con la indicación presidencial de “erradicar la corrupción y recuperar los valores perdidos” en la Conagua, en lo que puso su “mayor esfuerzo y dedicación… tratando de lograr avances importantes”, pero, “causas ajenas a mi voluntad –dice el texto– me obligan a dejar esta tarea”. Entre esas causas estuvo el hecho de que le impidieron nombrar a sus subordinados y los que estaban ahí sencillamente no obedecían sus instrucciones, se negaban a asistir a las juntas convocadas por ella y de varias maneras saboteaban el trabajo.
Hace dos meses también salió Mario Esparza de Agua Potable y Saneamiento, subdirección muy apetecible para las bandas de corruptos, pues por la materia misma de su labor esa dependencia maneja mucho dinero. Ahora, bajo acusaciones inverosímiles, Martínez Santoyo, sin tener facultades para hacerlo, destituyó a Elena Burns, subdirectora general de Administración del Agua, dizque “para abatir los rezagos en materia de concesiones de aguas nacionales”, concesiones en torno a las cuales se mueven millonadas en mordidas y toda clase de cochupos, frente a lo cual Burns ha defendido siempre el principio de que el líquido sea, en primerísimo término, para ejidos, comunidades y consumidores domésticos, de ahí que haya destacado como impulsora de una nueva Ley general de aguas, acorde con la Constitución.
En el colmo de la prepotencia o la defensa de intereses inconfesables, el director general impidió el paso de Burns y otros funcionarios a las oficinas mediante guardias dotados con armas largas. Es explicable, pues Martínez Santoyo tiene mucho que defender, entre otras cosas una empresa que mantiene lazos mercantiles con diversas instituciones estatales, lo que incluye a la propia Conagua y no se sabe que dicha firma haya renunciado a los contratos con la citada Comisión.
Son varias las organizaciones que defienden el acceso popular al agua y que ahora piden a López Obrador la inmediata destitución de Martínez Santoyo, al que apoyan quienes hacen negocios con el agua y salpican generosamente a los funcionarios corruptos.
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