Estadounidense deportada 5 veces a México demanda a EU por 25 mdd El Siglo de Torreón

Una ciudadana de Estados Unidos que fue deportada en cinco ocasiones a México presentó una demanda por 25 millones de dólares en contra de la administración del presidente Donald Trump, informaron hoy sus representantes legales.
La querella, presentada a nombre de Sofía Johnson-Acevedo, fue interpuesta contra los Departamentos de Seguridad Interna (DHS) y de Justicia de Estados Unidos, a los que acusa de los cargos de arresto falso, encarcelamiento falso y negligencia por parte de funcionarios de migración.
Johnson-Acevedo, quien es representada por los abogados Keith Ayers, Jason Wright y Eric Price, manifestó en su demanda que durante más de 20 años vivió una situacion de sufrimiento extremo al ser arrestada, encarcelada y deportada indebidamente por las autoridades migratorias estadunidenses.
Sofía nació en el norteño estado mexicano de Sonora, en 1962, pero fue traída por sus padres a este país cuando tenía un año de edad.
Al ingresar a Estados Unidos se produjo el primer error: Sofía fue registrada como una menor migrante a quien le otorgaron una “green card” en lugar de la ciudadanía automática que le correspondía con base en la Ley de Inmigración, por ser hija del estadunidense Alvin Johnson, un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Durante las décadas de los 80 y 90, Sofía fue encontrada culpable de posesión de sustancias tóxicas y se declaró culpable del delito de posesión de mercancía robada; al ser detenida, su estado legal de “residente” puso en alerta a las autoridades, que la reportaron a Migración.
En la prisión, fue puesta a disposicion de las autoridades de Migración, sin embargo, cumplió una condena en una cárcel federal y no en un centro de detención para inmigrantes indocumentados.
Al cumplir su condena y con la “residencia permanente” revocada, Sofía fue deportada a Tijuana en cinco ocasiones.
Cada vez que se enfrentaba con un oficial de inmigración argumentaba que su padre era estadunidense y que ella tenía derecho a la ciudadanía, pero ningún oficial la escuchó.
El gobierno no solo no investigó su reclamo de ciudadanía, sino que acusaron a Sofía de los delitos federales de reingreso ilegal y reclamo falso de ciudadanía estadunidense.
Esta situación llevó a Sofía a vivir en Tijuana, Baja California, como “una mujer sin patria”, ya que no contaba con documentos oficiales mexicanos, pero tampoco de Estados Unidos.
Impedida para trabajar y con problemas con el idioma español, Sofía tuvo que vivir en refugios y en las calles de Tijuana.
Luego de un largo proceso e investigaciones, los abogados Keith Ayers y Jason Wright lograron que un juez admitiera el derecho natural a la ciudadanía de Sofía, por lo que en 2016, Ayers fue a Tijuana a recogerla.
Sin embargo, al llegar a la frontera, el oficial preguntó por los documentos de Sofía; el abogado explicó que tenía un permiso especial para que ella pudiera cruzar a Estados Unidos y regularizar su situación.
La respuesta del oficial fue inesperada: no solo no creyó en la palabra del abogado, sino que lo obligó a bajarse del auto, lo esposó y encerró en un cuarto junto a otros inmigrantes, todos en ropa interior.
Sofía fue devuelta a México.
Meses después, el consulado de Estados Unidos en Tijuana expidió un pasaporte para ella, con el cual finalmente pudo regresar legalmente a "su país".
Actualmente, la mujer vive en Lancaster, aquejada por una delicada salud física y emocional, así como una devastada situación económica.
El abogado Eric Price, quien fue fiscal de inmigración, advirtió que este dramático caso lo pueden estar pasando otros ciudadanos de Estados Unidos que sufren de la falta de instrucción de los agentes migratorios.
Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas de la Northwestern University y quien supervisa la Deportation Research Clinic, reveló que entre enero de 2011 y septiembre de 2014, los tribunales de inmigración descubrieron 256 casos en los que se intentó deportar a ciudadanos de Estados Unidos.
El mismo estudio encontró que desde 2003, más de 20 mil estadunidenses han sido injustamente detenidos o deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).
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