Agua: conflicto social Excelsior

Los conflictos que se generaron por el uso del agua de los ríos Colorado y Bravo, en las colindancias de México con Estados Unidos, obligaron a los gobiernos de ambos países a firmar un tratado internacional en 1944 (que entró en vigor el 8 de noviembre de 1945).
Considerado como un tema de seguridad nacional por las implicaciones en las relaciones entre las dos naciones, el tratado estableció los montos de agua que, mutuamente, deben redistribuirse.
No obstante, los desencuentros no finalizaron porque, de ambos lados, los ciudadanos se sienten afectados.
Del lado del norte, comunidades de California, en algún momento, se opusieron a la  firma del tratado y, en México, campesinos y agricultores de los municipios colindantes de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas han protestado de forma constante.
Lamentablemente, los efectos de la pandemia que estamos viviendo y el ruido que generan los temas de la agenda política del Presidente de la República, impide poner la debida atención a otros temas que son prioritarios para los ciudadanos, tanto a nivel general como en algunas regiones del país; por ejemplo, los conflictos que estallaron esta semana por problemas relacionados con el agua.
En particular, la que involucra a los agricultores de la presa de La Boquilla de San Francisco de Conchos, en Chihuahua, y los de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
Dos problemáticas diferentes, pero relacionadas con el vital líquido.
Por un lado, la termoeléctrica de Huexca ha generado las protestas de organizaciones sociales de campesinos y agricultores de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Recordemos, incluso, que en febrero del 2019, asesinaron al líder opositor al proyecto, Samir Flores.
El problema sigue acrecentándose y, durante estos días, hubo diversas manifestaciones relacionadas con el inicio del funcionamiento de la termoeléctrica.
En el caso de Chihuahua, la Guardia Nacional intentó intervenir para evitar que agricultores de San Francisco de Conchos tomarán la presa La Boquilla, pero fue expulsada del lugar.
La confrontación desembocó en la muerte de los manifestantes Jessica Silva y Jaime Torres.
Ante estos hechos, desde la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se señaló a una serie de personajes políticos por incitar a la violencia contra la Guardia Nacional, pero, sorpresivamente, su filiación política no correspondía a un sólo partido, sino a varios, incluido un alcalde morenista.
Esto tiene su propia lógica porque los alcaldes aspiran a ser reelectos, entonces, tienen que demostrar que defienden los intereses de sus gobernados, si no lo hacen, recibirán el castigo en las urnas.
El problema es mayor si consideramos que el conflicto se genera por la necesidad de contar con el vital líquido y que, no importa si los políticos lo contemplan en la agenda como asunto prioritario o no, los ciudadanos nunca podrían ponerlo como un asunto secundario.
Si bien es cierto, el artículo 27 constitucional mandata la rectoría del Estado sobre las aguas de los ríos, también es cierto que las condiciones climáticas y de abastecimiento del agua cambiaron desde que se firmó el acuerdo internacional de 1944 hasta a la fecha.
Por ejemplo, hay mayor calentamiento global, mayor sequía, sobrexplotación de los mantos acuíferos y mayor necesidad del líquido para consumo personal.
A esta problemática se suma el hecho de que la producción agrícola de la zona de la cuenca del río Conchos es fundamental para la economía de Chihuahua.
El asunto no es sólo municipal, sino además estatal, pero, también, es un hecho que las repercusiones de lo que ahí pase son del ámbito nacional e internacional.
Para reafirmar la visión sobre el futuro del agua, vale la pena rescatar algunos datos que dio a conocer Koichiro Matsuura, director general de la Unesco, a principios de este nuevo siglo: para el año 2030, el 67% de la población mundial (5 mil millones de personas) podrían quedarse sin acceso a agua limpia y, de este total, el 90 % vive en países en desarrollo.
En ese contexto, en el 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
” Y, en el 2015, quedó asentado en una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí al año 2030.
El agua es un líquido vital y es motor del desarrollo económico de los países.
En la agenda del gobierno federal ya debería estar presente una estrategia que nos lleve a enfrentar el 2030, pero, sobre todo, que prevea cuáles soluciones se les da a las comunidades que se sostiene su economía sobre la distribución del líquido.
Columnista: Ruth Zavaleta SalgadoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0