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Las tendencias anticorrupción en America Latina. Noticias en tiempo real 12 de Julio, 2018 09:12


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La Ley contra el Soborno del Reino Unido y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) en los EE. UU. iniciaron una tendencia que se extendió por todo el mundo, incluida América Latina, para así atacar la corrupción. Esto se debe a que las leyes contra el soborno y los esfuerzos de su aplicación atraen negocios de compañías multinacionales que pueden estar menos inclinadas a hacer negocios en países considerados inseguros.


De los 42 países que han ratificado o se han adherido a la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cinco son de América Latina. Si bien la OCDE no tiene autoridad para hacer cumplir la Convención, sus signatarios deben implementar una legislación que penalice el acto de sobornar a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Hasta ahora, los países latinoamericanos (tanto signatarios como no signatarios por igual) parecen estar adoptando y aplicando legislación para detectar sobornos y corrupción.

Al aprobar y hacer cumplir sus propias leyes y regulaciones anticorrupción, los países de América Latina pueden así iniciar su recuperación financiera, recibiendo a la vez el beneficio adicional de estar en el lado correcto de la historia.

Entre los países que están atacando frontalmente la corrupción tenemos a Argentina, Perú, Brasil, Chile y México.

 

Argentina y su prioritaria lucha anticorrupción

En Argentina, el presidente Mauricio Macri ha convertido en una prioridad mejorar el castigo en contra de la corrupción. A fines de 2016, su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de fraude por cargos de corrupción relacionados con un gran proyecto de obras públicas. El presidente Macri ha presentado una serie de leyes para combatir la corrupción, una de las cuales ampliaría la responsabilidad para que los fiscales puedan presentar cargos penales contra las empresas que participan en sobornos. Actualmente, la ley argentina solo permite el enjuiciamiento de personas que infringen la ley mientras que las empresas no enfrentan ninguna consecuencia. Este proyecto de ley, que se someterá a la consideración del Congreso Nacional de Argentina en los próximos meses, alentaría a las empresas a prevenir la corrupción al permitir que las mismas eviten las sanciones si pueden demostrar que cuentan con sistemas de cumplimiento para prevenir dicha corrupción. Además, el Congreso Nacional también está contemplando un régimen de confiscación civil, que le permitiría al Estado decomisar activos que presuntamente tienen un origen ilícito sin tener que obtener un juicio penal.

 

Perú y su ley de corrupción empresarial

Similar a la ley propuesta por Argentina, la Ley de Corrupción Empresarial de Perú, aprobada en marzo de 2016 y programada para entrar en vigencia en julio de 2017, responsabiliza a las compañías públicas y privadas por soborno, incluso si la persona individual responsable del delito no ha sido procesada. La ley se aplica al soborno de funcionarios públicos de un gobierno extranjero u organización internacional cometido dentro de Perú, o cuando el pago del soborno tiene la intención de obtener o mantener negocios en Perú. Las sanciones incluyen multas de hasta seis veces el beneficio obtenido o esperado por la comisión del delito. Aunque aún no son signatarios de la Convención contra el Soborno de la OCDE, Perú ha participado como observador en el grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno en las transacciones comerciales internacionales.

 

Brasil, Lava Jato y sus esfuerzos en contra de la corrupción

La operación Lava Jato en Brasil ha cambiado la forma en que el país aborda las investigaciones, los acuerdos de declaración de culpabilidad, la cooperación y la colaboración internacional. La investigación inicialmente se enfocó en el lavado de dinero, pero se expandió para cubrir acusaciones de corrupción en Petrobras, la compañía petrolera estatal. Solo Lavo Jato ha implicado a más de 20 empresas constructoras y más de 100 personas en supuestos actos de corrupción y soborno y ha resultado en mil millones de dólares en restitución para el gobierno. La operación también ha dado lugar a otras investigaciones, incluida la Operación Radioactividad, que involucran a un presunto contratista en una planta de energía nuclear operada por una subsidiaria de la corporación energética estatal de Brasil. El otro conocido caso de corrupción en Brasil es la Operación Zelotes, una investigación de 70 compañías por más de 6 mil millones en sobornos presuntamente pagados a miembros del consejo de apelaciones de impuestos de Brasil para reducir multas o desestimar demandas de evasión de impuestos. Como parte de esa operación, en mayo de 2016, el presidente del distribuidor de Mitsubishi en Brasil fue condenado por su participación en un plan de soborno y condenado a más de cuatro años de prisión.

Además, el reciente acuerdo de $ 205 millones en el caso Embraer, muestra los beneficios de la cooperación con otros países y potencialmente señala un rol más activo en las investigaciones de corrupción para la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, al igual que la SEC de Estados Unidos. Anteriormente, organizaciones como la corte federal de auditoría o la oficina del fiscal general, habían desempeñado un papel importante en la resolución de casos de soborno, pero en el acuerdo Embraer, la CVM actuó con la SEC y los fiscales de los EE. UU. y Brasil para garantizar una multa de 2 millones de dólares.

Un hecho prominente de la lucha contra la corrupción que asombró a todos los brasileros fue la encarcelación del otrora líder de los pobres, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quien comenzó una sentencia de prisión de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Aunque su encarcelamiento marca el final de su intento de volver a la presidencia en las elecciones que se celebrarán en octubre, Lula tendrá una gran influencia en esas elecciones, que se perfilan como las más polémicas y tenaces en décadas.

 

Chile, líder en legislación anticorrupción

Chile brinda otro gran ejemplo de los beneficios de la cooperación con otros países. En enero pasado, la empresa química y minera chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) acordó pagar más de 30 millones de dólares a la SEC en relación con pagos a individuos con conexiones políticas en Chile en violación de la FCPA.  Además de la SEC, la investigación fue llevada a cabo por las autoridades tributarias chilenas.

Chile ha sido líder en América Latina en lo que respecta a la legislación anticorrupción. Se considera que el país es uno de los países menos corruptos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Mostrando un fuerte deseo de unirse a la Convención Antisoborno de la OCDE, la legislatura de Chile aprobó la Ley de Responsabilidad Civil Corporativa en 2009, criminalizando el lavado de dinero y el soborno de funcionarios públicos y extranjeros. La ley también acredita a las empresas por tener programas adecuados de cumplimiento corporativo.

 

México y su intensa lucha anticorrupción

Tal vez el mayor impulsor y agitador de los recientes esfuerzos contra la corrupción en América Latina es México. En julio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la aprobación de cambios radicales en las leyes anticorrupción de México. Las nuevas medidas anticorrupción son la culminación de un proceso plurianual que se originó con una petición ciudadana y el trabajo de grupos de la sociedad civil. Estos esfuerzos de base dieron como resultado una reforma constitucional en 2015 y las leyes aprobadas recientemente representan la implementación estatutaria de esta reforma.

Entre las protecciones en las nuevas leyes y las revisiones a las leyes existentes, están las disposiciones para crear un fiscal anticorrupción independiente, fortalecer las protecciones de denunciantes para individuos y mecanismos para mejorar la cooperación entre las entidades gubernamentales mexicanas a nivel local y nacional. Una de las leyes recientemente redactadas es la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que está destinada a sancionar a los organismos públicos y administrativos involucrados en actividades corruptas, como el soborno, la complicidad en licitaciones públicas, el tráfico de influencias y la mala asignación de recursos públicos. Los funcionarios públicos también estarán obligados a divulgar los activos existentes, los posibles conflictos de interés y su información tributaria para garantizar que no acepten sobornos ni adjudiquen de forma incorrecta los recursos públicos.

 

Conclusión

Es poco probable que el soborno y la corrupción en América Latina disminuyan en el corto plazo, aunque se han dado pasos que, a mediano plazo, definitivamente darán resultados positivos. Dada la reciente ola de legislación y medidas coercitivas en América Latina, las empresas y las personas que realizan negocios deberían tomar medidas para comprender el nuevo régimen anticorrupción y la creciente red de responsabilidad potencial de autoridades latinoamericanas, estadounidenses, europeas y otras autoridades extranjeras relacionadas con corrupción y fraude.



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